Directivos del Fondo Premium aceptaron cargos por el descalabro financiero

Tras siete horas de audiencia, los exdirectivos del Fondo Premium, quienes están involucrados en el descalabro financiero que sufrió la comisionista InterBolsa, se definió la imputación de cargos y la aceptación de los implicados en los mismos.

Es así como ante el juez 78 de garantías Juan Carlos Ortiz, Tomas Jaramillo y Ricardo Martínez, las cabezas principales del Fondo Premium, aceptaron su responsabilidad en los delitos de manipulación fraudulenta de especies, estafa agravada y concierto para delinquir.

Asimismo, dieron a conocer que se encuentran adelantando negociaciones con el ente investigador, en aras de firmar un principio de oportunidad, por los delitos que no aceptaron que son: captación masiva y habitual de dinero y no reintegro de los dineros captados del público, y tendría que ser avalado por el propio de fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre.

Por su parte, Juan Andrés Tirado, Claudia Aristizábal y Natalia Zúñiga negaron su responsabilidad en estos hechos.

Y es que durante la diligencia judicial, la Fiscalía les imputó a todos los implicados los delitos de captación masiva y habitual de dinero, manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, administración desleal, estafa y concierto para delinquir.

En la diligencia que se adelantará el próximo jueves, el ente investigador solicitará que sean cobijados con medidas de aseguramiento.

La diligencia judicial se aplazó en contra de Erick Anderssen y Víctor Maldonado, quienes están fuera del país, así mismo se reprogramó la imputación contra Rachid Maluf, quien se encuentra adelantando un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, y contra Jhon Muñoz, quien no se hizo presente.

Este jueves se reanudará la audiencia, donde la Fiscalía pedirá la medida de aseguramiento para los exfuncionarios. 

Detalles del declive de Fondo Premium
En la audiencia la Fiscalía demostró la hipótesis delictiva según la cual a través del Fondo Premium, domiciliado en Curazao, se manejaron de forma irregular los dineros que habían sido invertidos por 1.206 personas en Colombia y había sido promocionado por la sociedad comisionista de bolsa Interbolsa, en liquidación.

A estas personas se les dijo que se trataba de un negocio de bajo riesgo y diversificado en el exterior; pero “esos dineros terminaron invertidos en Colombia para financiar empresas del grupo Interbolsa”, afirmó la fiscal del caso, Alexandra Ladino. Entre estas empresas se encuentran las de Víctor Maldonado, que son Latinoamericana de Inversiones Sumo, Helados Modernos, Malta S.A., Las Tres Palmas, y las empresas vinculadas con Alessandro Corridori.

“A los creadores del Fondo Premium, Juan Carlos Ortiz Zárate y Tomás Jaramillo Botero, les fue confiado el buen manejo de US$174 millones. Sin embargo, a espaldas de sus 1.200 clientes, llegaron a meter más de US$110 millones en la especulación con la acción de Fabricato en 2012, el mismo hecho que terminó derrumbando al Grupo Interbolsa”, dijo la fiscal del caso.

El mecanismo, explicó la fiscal, consistía en el otorgamiento de préstamos de dinero a través de la sociedad panameña Premium Capital Investment Advisor. Del mismo modo, el ente acusador demostró que la captación de fondos a través de intertourist INC, con domicilio en Panamá, se recogieron dineros que hacían parte del mismo Fondo Premium y que terminaron financiando las empresas en Colombia.

Asimismo, determinó que las dos sociedades claves terminaron siendo las colombianas Rentafolio Bursátil y Financiero (RBF) y Valores Incorporados (VI).

Sin embargo, la Fiscalía explicó que esos dineros se repartían entre Ortiz y Jaramillo, incluso algunos eran prestados a Víctor Maldonado y así se dio inicio a la captación ilegal.

"Recibían los recursos de las personas que tenían la intención de consignar su dinero en los llamados Fondo Premium y se estaban captando dineros del público sin que estas entidades financieras tuvieran dicha facultad", dijo la fiscal del caso.

A la fecha, la Fiscalía General de la Nación calcula las pérdidas en más de $300.000 millones. Y de esta cifra las víctimas, que recordemos son 1.026, reclaman la devolución de $194.000 millones, US$64 millones y 200 mil euros, según reveló la fiscal en la audiencia.