Director de la UNP será imputado por presuntas omisiones en atentado a Miguel Uribe

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La Fiscalía imputará cargos al director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, por presuntas omisiones en el esquema de seguridad del precandidato Miguel Uribe Turbay, asesinado el 7 de junio del año pasado. Con esta decisión, Rodríguez se convierte en el primer funcionario del Gobierno del presidente Gustavo Petro llamado a responder judicialmente por el crimen.

Según informó el ente acusador, un fiscal de la Seccional Bogotá radicó solicitud de audiencia de imputación por el delito de prevaricato por omisión, al considerar que el funcionario no atendió de manera adecuada los requerimientos de protección ni mejoró el esquema de seguridad del dirigente político.

Las falencias en la protección de candidatos han sido uno de los puntos más cuestionados de la administración de Rodríguez al frente de la UNP. El funcionario, exintegrante del M-19 y cercano al presidente Petro, también ha sido protagonista de controversias dentro del Gobierno, como su oposición a la llegada de Armando Benedetti a la Casa de Nariño.

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Tras el asesinato de Uribe Turbay, miembro del Centro Democrático, se abrió una fuerte polémica sobre la responsabilidad del Estado en su protección. El abogado Víctor Mosquera, representante de la familia, ha insistido en que hubo fallas graves por parte de las autoridades. Incluso recordó que un juez concluyó que el precandidato no recibió la atención necesaria y que en más de diez ocasiones se omitió brindarle medidas de seguridad.

Desde los primeros días posteriores al atentado, el presidente Petro planteó revisar posibles responsabilidades en los esquemas de protección. Ahora, de manera preliminar, la Fiscalía señala directamente a Rodríguez como quien habría omitido las medidas necesarias para garantizar la vida del político de 39 años.

Con esta imputación, ya son diez las personas llamadas a responder por el crimen, entre ellas los presuntos autores materiales y otros implicados. La mayoría ha negociado preacuerdos con la Fiscalía, lo que ha generado debate sobre hasta qué punto estos beneficios permitirán esclarecer quiénes ordenaron el magnicidio.