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Alejandro Pastrán lunes, 23 de agosto de 2021

Se trata de las empresas ICM Ingenieros e Intec de la Costa que fueron inhabilitados para contratar con el Estado durante cinco años

Sigue la polémica por el contrato del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MinTIC, con la Unión Temporal Centros Poblados por $1,07 billones y en el que se giró un anticipo de $70.000 millones a pesar de que en el proceso se encontraron garantías falsas.

Más allá del contrato, que ya fue caducado por el MinTIC, la polémica se centra ahora en los contratos que tienen con el Estado las firmas que hacen parte de la Unión Temporal y que por resolución del Ministerio quedaron inhabilitadas por cinco años.

Caducamos el contrato 1043 de 2020 de la Unión Temporal Centros Poblados, la sanción más contundente en materia de contratación estatal. Con esta decisión, cesan HOY todos los contratos de los miembros de la UT vigentes con el Estado. #LaMinTICResponde pic.twitter.com/QXaohV9Bkl

— Karen Abudinen (@karenabudi) August 13, 2021

Se trata de las empresas Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, representada por legalmente por Jairo Antonio Múnera; ICM Ingenieros S.A.S, representada por Herles Rodrigo Ariza e Intec la Costa S.A.S., representada por Hugo Armando Canabal.

Dos de esas compañías, ICM Ingenieros e Intec la Costa S.A.S. tienen actualmente contratos con el Instituto Nacional de Vías, Invías, pero la participación de estas empresas en dichos contratos no puede continuar debido a la inhabilidad que recayó sobre ellas.

Parte de la denuncia la hizo el ex vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. “Nos enteramos de que en el primer semestre de este año el Invías les adjudicó contratos a tres consorcios de los que hace parte ICM. El primero, a través del consorcio Vías Cauca para la construcción del tramo Altamira-Florencia por valor de $ 45.000 millones. A la fecha se ha ejecutado 13 %, ni siquiera una tercera parte del anticipo que alegremente se les entregó por casi $ 19.000 millones”, comentó el funcionario en una columna de opinión.

“El segundo, a través del consorcio Corredores Viales para construir el tramo Vado Hondo-Labranzagrande-Yopal por valor de 137.000 millones con 0 % de ejecución y con anticipos pactados que van hasta el 50 % del valor total. El tercero, a través del consorcio San Sebastián por valor de $ 300.000 millones y también con una ejecución de 0 %. El mismo anticipo del 50 %. Otra belleza”, complementó.

Así mismo, de acuerdo con El Tiempo, ICM Ingenieros e Intec de la Costa también hacen parte del Consorcio Vías para el Chocó por un monto de $117.630 millones.

El director del Invías, Juan Esteban Gil, explicó al medio que las firmas tienen hasta el 25 de agosto para ceder su participación en los contratos, medida a la que se opone Vargas Lleras.

“El cuate director del Invías, Juan Esteban Gil, conocida la caducidad de Centros Poblados, anuncia que va a exigir la cesión de los mencionados contratos, siguiendo la tesis conocida del abogado Pino Ricci. De permitir esto, ICM de seguro podrá obtener una jugosa e inmerecida prima, cuando prácticamente no ha ejecutado nada de los contratos”, dijo el ex vicepresidente.

Orden de embargo

En los últimos días, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, anunció que ordenó el embargo de $70.000 millones sobre las cuentas bancarias, inmuebles y vehículos de la Unión Temporal Centros Poblados y todos sus integrantes.

De acuerdo con la funcionaria, esa medida se tomó “procediendo con las facultades de la Ley” y luego de haberse declarado la caducidad del contrato por $1,07 billones.

Desde el mismo 13 de agosto, día en que se declaró la caducidad del contrato, la ministra Abudinen había anunciado que iba a requerir a Centros Poblados para que devolviera los $70.000 millones del anticipo.

Así mismo, la ministra indicó que se hará efectiva la cláusula penal pecuniaria en contra de la Unión Temporal por la suma de hasta $ 39.000 millones.

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