• Colprensa

lunes, 15 de julio de 2013

Un nuevo ‘choque de trenes’ se presentó entre dos pesos pesados del Estado.

Se trata del Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, y la Contralora General, Sandra Morelli, todo por cuenta de un proceso administrativo sancionatorio que un delegado del ente de control fiscal le abrió al jefe del ente acusador.

Y es que el Fiscal General tiene la condición de aforado, es decir, que en caso de ser investigado debería hacerlo la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y no otro organismo.

El caso está relacionado con una investigación del organismo de control fiscal que cuestionó la entrega tardía, por parte de la Fiscalía, de un informe correspondiente al último trimestre de 2012.

Según Montealegre, la Contralora “no tiene competencia” para investigarlo, y resaltó que los sustentos de la acción fiscal en su contra “son argumentos jurídicos absurdos”.

En medio centenar de páginas Montealegre critica las razones por las cuales un subalterno de Morelli, el contralor Rafael Enrique Romero Cruz, lo requiere desde el 23 de mayo de 2013, vulnerando -dice- sus derechos a la autonomía e independencia de poderes, debido proceso e igualdad. “Es irrazonable la interpretación según la cual en materia de control fiscal, el Fiscal General no tiene fuero, y en consecuencia debe ser procesado directamente por la Contralora General de la República”, dice Montealegre.

Derechos afectados
“La Contraloría General vulneró la garantía constitucional de independencia y autonomía judicial y los derechos fundamentales al debido proceso y la igualdad”, dice el fiscal en la tutela, y agrega que “las acciones adelantadas por parte de la Contraloría son sospechosamente desproporcionadas”.

Si bien el Fiscal no precisa en la tutela las razones por las que hace referencia al término “sospechosamente”, fuentes consultadas señalan que días antes de que se abriera la investigación contra Montealegre Lynett, la Contralora se notificó de un proceso en su contra (el 17 de mayo), y el cual lleva el vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo. El caso contra Morelli en la Fiscalía está relacionado con los costos de arriendo que paga el organismo de control fiscal por los espacios que utiliza en el edificio de oficinas ubicado el sector conocido como Salitre Oriental y cuyo monto rondan los 2.700 millones de pesos al mes. A la par de los cuestionamientos, el Fiscal General agrega que él no es el encargado de entregar los informes en los que se sustenta la investigación en su contra, y añade que la responsable de estos es la directora administrativa de la entidad. A pesar de esto, el Fiscal explica que la tardanza con la que fueron entregados los informes, obedeció al paro judicial que se realizó a finales del año anterior y añade que los mismos informes fueron enviados con retrasos por otros 150 jefes de entidades, y añade que a ninguno de ellos se les abrió investigación fiscal.