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Katherin Alfonso - kalfonso@larepublica.com.co jueves, 27 de julio de 2017

Líderes políticos y académicos debatieron sobre la transparencia en la aplicación del Fast Track.

En el marco del foro ‘Colombia en el Fast Track: Primer Balance’, organizado por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría, se debatió acerca de la legitimidad jurídica y la transparencia de las normas emitidas vía Fast Track para la implementación de los Acuerdos de Paz.

Por un lado, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Samuel Hoyos, considera que el trámite abreviado simplifica el proceso legislativo, impidiendo el derecho y facultad que tienen los congresistas de deliberar y debatir las modificaciones a la Constitución. Un hecho que hace de este mecanismo un proceso que carece de transparencia.

Por otro lado, el académico Rodrigo Uprimmy, considera que la justificación de este mecanismo legislativo fue la consecución de la paz, por lo que se legitima la jurisdicción especial. Sin embargo, la postura de Hoyos, es que desde un principio el resultado del referendo demostró que no había consenso en la consecución de los Acuerdos de Paz.

Pero para Uprimmy, “no hay nada en el Fast Track que golpee las mayorías consagradas en la Constitución” y que la discrepancia es netamente jurídica. No obstante, para Laura Ospina, procuradora auxiliar para Asuntos Constitucionales, el consenso en los procesos sociales si aporta legitimidad, por lo que uno de los mayores retos que tiene la implementación de los acuerdos es lograr mayor acogida política, porque hoy aún no la tiene.

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