miércoles, 18 de octubre de 2017
El denominado cartel de la educación se dio entre los años 2008 y 2009
Se abre un nuevo capítulo del denominado cartel de la educación en Córdoba, el mismo que ha dejado un desfalco cercano a $350.000 millones en investigaciones por muertes como la del exsecretario de Educación, Miguel Chica. Ahora la Corte Suprema de Justicia investiga al senador Armando Benedetti, tras una compulsa de copias por parte de la Fiscalía por su presunta participación en el desfalco al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio en Córdoba.
Desde que testigos, implicados en el escándalo como el abogado Álvaro Burgos del Toro y el fallecido abogado Jaime Agámez, atestiguaron la vinculación del congresista en el proceso se inició la investigación y ahora la Corte ordenó un estudio patrimonial de los bienes del senador y los de su familia con el fin de establecer si estuvo involucrado en el cobro irregular de mesadas pensionales en Córdoba.
La orden contempla el seguimiento a sus cuentas bancarias y movimientos financieros a través de Covicheque, Cdts, Depositos Deceval, títulos de Deuda, TES, Fiducias, almacenes de deposito, entre otros, busca determinar si hubo un incremento patrimonial y el origen de los mismos.
Como se recordará, hace pocos días Benedetti también fue denunciado por el abogado Jaime Lombana, quien aseguró que se había apropiado de los dineros del Fondo Financiero de Proyectos para el Desarrollo (Fonade), con supuestas exigencias, que estaban siendo robadas al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio de Córdoba y con supuestos hostigamientos contra el entonces presidente de la Fiduprevisora, Hernando Chica.
Historia del desfalco
El denominado cartel de la educación se dio entre los años 2008 y 2009 cuando se expidieron en Córdoba 857 resoluciones presuntamente irregulares, sin el visto bueno de la Previsora, para reconocer el ajuste a la pensión de jubilación a maestros con 50 años de edad y 20 de servicio.
De esas resoluciones 498 eran de personas por fuera del régimen citado y las otras 271 de personas que no son docentes y a quienes les falsificaron las firmas para hacer las correspondientes reclamaciones contra el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y la fiduciaria, para obtener el pago del reajuste de pensionados que les otorgaron los poderes.
Las investigaciones de la Fiscalía permitieron establecer que jueces, especialmente de Planeta Rica, Chinú y Lorica, ordenaron embargos y pagos por cuatiosas sumas, sin que los supuestos beneficiarios tuvieran derecho a ellas.
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