El caso de la máquina que no tapa huecos, pero sí los abre en el fisco

El escándalo de la máquina ‘tapa huecos’ que con tanta pompa fue recibida en Bogotá por la revolucionaria manera de reparar la malla vial, al parecer ha hecho todo lo contrario, pero en el fisco distrital.

Por lo menos así lo presenta Diego Ardila, contralor de Bogotá, quien ha formulado duros reparos a la manera como se dio esa contratación. Según el funcionario, en este caso se presentan problemas de orden técnico y otros de orden jurídico.

El escándalo está cifrado en el segundo aspecto. Al contrato se le denomina como un ‘Contrato para la ciencia y la tecnología’, que según Ardila debe ser un contrato “novedoso y exclusivo”, lo cual fue desvirtuado por un estudio de la Administración a través del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU.

El análisis del IDU arrojó que seis empresas a nivel internacional prestan este mismo servicio y, además, es un sistema que hace más de una década se viene aplicando en otros países.

La Unidad de Mantenimiento Vial en coordinación con la empresa colombiana Green Patcher SAS, era la encargada de tapar en tiempo récord los 220.000 huecos que tienen las calles de la ciudad.

En la mañana de este viernes el Contralor Distrital, señaló que la innovadora máquina vale $250 millones, pero fue alquilada por el Distrito en $11.000 millones por seis meses a la empresa mexicana Green Patcher. Desde su llegada a Bogotá, hace cerca de dos meses, ha tapado un solo hueco que ya se encuentra deteriorado.

Además, el metro cúbico de sustancia para tapar huecos es de $490.000 y es producida por la propia Unidad de mantenimiento Vial, pero el proceso lo realiza la máquina por un valor de $700.000, representando un sobre costo de 51%.

Por su parte, el alcalde de Bogotá Gustavo Petro, defendió la decisión de su administración afirmando que “no se ha pagado un solo peso” del contrato con la firma extranjera. El burgomaestre hizo esta declaración a través de su cuenta de Twitter en respuesta a una usuaria de esta red social.

Incluso, afirmó que durante un año equipos técnicos del IDU y UMV evaluaron si la nueva técnica para el reparcheo disminuía costos, tiempos y si servía para Bogotá.

En otro trino Petro aseguró frente a la denuncia del Contralor: “nosotros no alquilamos máquinas, ni estas se venden en el mercado”, y explicó que los contratos para el desarrollo de actividades científicas o tecnológicas son de contratación directa y dependen de que se cumpla decreto 591.

Al escándalo se suma que el representante de la firma en Colombia Juan Pablo Posada, reconocido actor de la televisión colombiana, negó que la empresa tuviera un capital inicial de $5 millones y que firmara un contrato con el Distrito por cerca de $12.000 millones.

“La polémica también responde a que soy una figura pública, pero el hecho de que sea actor no quiere decir que no me pueda dedicar a otras cosas”, afirma Posada. Respecto de las presuntas irregularidades del contrato agregó que “desafortunadamente han tenido que enfrentar problemas con las pólizas ante denuncias hechas por los medios, lo que provocó que las aseguradoras pusieran freno”.

Por diversas razones, entre ellas la modificación de modalidad de contratación al cambiar un contrato de obra por uno de ciencia y tecnología, no se ha podido expedir la póliza de garantía para el contrato público, lo que tiene el proceso con un retraso de dos meses, fecha propuesta inicialmente por la Alcaldía de Bogotá para empezar a tapar los huecos.

A pesar de que Posada responsabiliza a los medios de comunicación por ‘agrandar’ la funcionalidad y resultados de la máquina, el contrato sigue recibiendo duras críticas.

Ricardo Cañón, personero de Bogotá, afirmó que ya hay una indagación preliminar y un proceso abierto en el polémico caso. “Vamos a hacer las investigaciones disciplinarias y a quienes puedan ser responsables se les aplicará la ley”, dijo el jefe del ministerio público distrital.