El Clan del Golfo anunció su compromiso de no interferir durante procesos electorales
El Ministerio de Defensa desestimó la credibilidad de estos comunicados y ordenó el despliegue de operativos militares en ocho departamentos
03 de marzo de 2026
El grupo armado conocido como Clan del Golfo o Ejército Gaitanista emitió un comunicado oficial en el que manifiesta su intención de no intervenir en las próximas jornadas electorales del país. La organización afirmó que mantendrá un compromiso de respeto hacia los comicios, evitando cualquier tipo de injerencia directa o indirecta en los resultados o en el desarrollo de las votaciones en el territorio nacional.
En el documento, los firmantes sostienen que sus integrantes y estructuras tienen prohibido realizar actos de coacción, intimidación o amenaza contra la ciudadanía que acuda a las urnas. Asimismo, hicieron un llamado público a otras organizaciones armadas que operan en Colombia para que adopten posturas similares, argumentando que esta decisión busca permitir el ejercicio del derecho al voto sin presiones externas.
Por su parte, el Gobierno Nacional y las autoridades militares han recibido este anuncio con escepticismo. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, recordó incidentes previos en los que anuncios similares de cese de hostilidades no fueron cumplidos, mencionando específicamente ataques ocurridos en regiones como el departamento del Cesar tras promesas de paz anteriores por parte de grupos armados.
En este contexto de seguridad, otras organizaciones como el ELN también han manifestado su intención de declarar un cese al fuego durante el periodo electoral. No obstante, la fuerza pública mantiene la alerta máxima debido a los antecedentes de orden público y la persistencia de riesgos para la población civil en zonas de conflicto recurrente.
Para mitigar posibles alteraciones, las Fuerzas Militares han desplegado operativos especiales de vigilancia en departamentos estratégicos como Antioquia, Cauca, Chocó y Valle del Cauca, entre otros.
Estas medidas buscan garantizar la seguridad en los puestos de votación y proteger el traslado de los documentos electorales frente a cualquier intento de sabotaje por parte de actores armados.
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