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Colprensa sábado, 10 de mayo de 2014

El Consejo de Estado negó una demanda con la que se pretendía ‘tumbar’ las resoluciones que autorizaron la extradición a Estados Unidos de Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘El Mellizo’, que fueron firmadas en diciembre del 2008 y enero del 2009 por el entonces presidente de la República Álvaro Uribe y el ministro del Interior y de Justicia Fabio Valencia Cossio.

La demanda señalaba que con la extradición de ‘El Mellizo’ se le había vulneró el derecho al debido proceso ya que como es postulado de la Ley de Justicia y Paz, primero debía responder personalmente en Colombia. Además, la demanda señala que la extradición tiene directa repercusión en la vulneración de los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado.

La Sección Primera, con ponencia de la magistrada María Claudia Rojas Lasso, explicó que los delitos cometidos por miembros de grupos paramilitares no son considerados como delitos políticos, por lo que los miembros de dichas organizaciones no están exentos de ser extraditados.

Explicó, además, que la Ley de Justicia y Paz no establece ninguna disposición legal que prohíba o suspenda la extradición de aquellos que se hayan acogido a sus beneficios, ni que se deba aplazar hasta que se agote el proceso judicial interno.

“De acuerdo con el marco normativo fijado en el artículo 35 de la Constitución y en los artículos 508 y 511 de la Ley 600 de 2000, ninguna de las disposiciones establece que la determinación de conceder, negar o suspender la extradición está supeditada o condicionada a que el requerido no esté postulado o procesado bajo los parámetros de otra legislación interna, en el entendido de que tal situación le concedería una especie de status de inmunidad como lo reclama el apoderado del actor”, señaló la Corporación.

La Sala indicó en el fallo que el único beneficio contemplado por la Ley de Justicia y Paz es el de la pena alternativa de ocho años y, en el tema de reparación, indicó que en la misma Resolución, el Presidente de la República, conminó a las autoridades judiciales a que adoptaran en Colombia una serie de medidas con el fin de cumplir el cometido de proteger a las víctimas del conflicto armado interno.

De acuerdo con el Consejo de Estado, el mecanismo de cooperación entre ambos países para hacer audiencia a través de videoconferencias permite recaudar pruebas para el proceso que se adelante en Justicia y Paz, de tal manera que se proteja el derecho de las víctimas.

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