Para el tribunal, la responsabilidad de estos hechos no puede atribuirse al Estado debido a que la detonación, en el Barrio Veracruz de Bogotá, no pudo ser prevista por parte de las autoridades. Para la toma de la decisión fue fundamental la consideración de que el atentado no se perpetuó contra edificaciones o entes estatales, y por ello no es posible afirmar que se hubieran presentado fallas por parte de las autoridades quienes se encontraban presionadas por los miembros del narcotráfico. Adicionalmente, el Consejo dio instrucciones para mejorar las políticas públicas que aplican en estos casos donde no se puede responsabilizar a la Nación por las víctimas.
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