• Reuters

jueves, 2 de mayo de 2024

El control territorial del EMC tiene consecuencias globales al garantizar la continuidad de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal

Sosteniendo globos amarillos, azules y rojos, los colores de la bandera de Colombia, un grupo de niños corren a jugar en un parque infantil de un colegio construido y entregado a la comunidad por la guerrilla del Estado Mayor Central (EMC) en una conflictiva, inhóspita y calurosa región del sur del país.

La nueva escuela, que se inauguró el mes pasado en una apartada zona del departamento del Caquetá, es sólo un ejemplo de como el grupo está consolidando el control en algunas regiones, ganando apoyo social, dominio territorial y obstaculizando potencialmente los esfuerzos del presidente Gustavo Petro por firmar un nuevo acuerdo de paz.

El mandatario izquierdista prometió, a través de acuerdos de paz y de una ley de sometimiento, acabar el conflicto interno de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos y que además de grupos guerrilleros involucra a bandas criminales descendientes de los escuadrones paramilitares de ultraderecha.

Los 3.500 miembros del EMC son guerrilleros que rechazaron un histórico acuerdo de paz del 2016 con el Gobierno para terminar en gran medida con el violento conflicto armado.

Muchos integrantes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), siguen armados, combatiendo y comprometidos, según dicen, con ideales como la lucha contra la pobreza, la redistribución de la riqueza y de la tierra.

La instauración por parte del EMC de un seudo o paraestado con la construcción de obras como puestos de salud, carreteras y puentes es una estrategia para acercarse a la población local en zonas con una mínima presencia estatal, según funcionarios del gobierno, fuentes de seguridad y analistas, lo que les da a los rebeldes una posición más fuerte en la mesa de negociación.

El control territorial del EMC también tiene consecuencias globales al garantizar la continuidad de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal para financiar su lucha armada, afectando los esfuerzos antidrogas de Estados Unidos y Colombia, además de destruir los frágiles ecosistemas de las selvas y montañas, admitieron fuentes de seguridad.

Al igual que en otros países en donde la guerrilla o los grupos criminales llenaron un vacío de presencia estatal, la estrategia del EMC dificulta la relación de las Fuerzas Armadas con la población para cumplir su misión, admitió un oficial de alto rango del ejército.

Pero el grupo armado ilegal asegura que está aportando al desarrollo de comunidades pobres y excluidas.

"Es un sueño y una tarea cumplida a las comunidades y en especial a este sector que ha sido excluido por el Estado", dijo a Reuters Alexander Díaz Mendoza, más conocido por su nombre de guerra como Calarcá Córdoba, segundo al mando del EMC, grupo que inició una negociación de paz con el Gobierno de Petro en el 2023.

Estrategia heredada

El EMC, que en los últimos meses también entregó un puesto de salud, una ambulancia, puentes y carreteras arregladas en apartadas zonas, heredó la práctica de ejercer su poder de manera seudoestatal de las FARC, que se desmovilizaron con el acuerdo de paz del 2016.

Alrededor de 13.000 personas se desmovilizaron con ese pacto, que obligó a los líderes del grupo a enfrentar investigaciones por crímenes de guerra, pero otras agrupaciones armadas, incluidas facciones de las FARC como el EMC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales siguen activas y suman entre todas más de 15.000 miembros.

Pese a su intención de alcanzar una paz total, Petro enfrenta obstáculos como la suspensión parcial de un cese al fuego bilateral con el EMC y una división del grupo después de que la mayoría de estructuras lideradas por su máximo comandante, Iván Mordisco, decidieron levantarse de la mesa de negociación por disputas internas.

"El colegio se lo entregamos a las comunidades, a los niños, a quien lo necesita", explicó Calarcá antes de la inauguración del centro educativo que cuenta con 12 aulas equipadas, dormitorios, cocina, baños y un salón para computadores, una edificación más completa y amplia en comparación con la mayoría de las envejecidas y derruidas escuelas rurales de Colombia.

"El Estado tiene que hacer presencia y responder a las necesidades de la población, si ilegales hacen obras es porque la legalidad no llega", admitió el jefe del equipo de negociación del Gobierno en el diálogo con el EMC, Camilo González. "Hacen obras sociales como parte de una estrategia político-militar".

El funcionario afirmó que la construcción de obras por parte del grupo armado será un tema para tratar en la mesa de negociación y reconoció la existencia de un problema que complica al Gobierno porque se está dando una "sustitución del Estado".

La entrega de obras como el colegio es una forma de control social de los grupos armados ilegales y de sembrar raíces en las comunidades, lo que dificulta desarticularlos, dijo la analista de Crisis Group Elizabeth Dickinson.

"En cuanto más cerca está el grupo armado a la población se hace más difícil ir hacia una paz porque cada vez más hace parte de la misma sociedad", explicó Dickinson, quien sostuvo que el EMC además de proveer servicios, administra justicia e impone de facto su ley aprovechando la ausencia del Estado.

Al EMC poco le interesa enfrentar al Estado por los altos costos económicos y militares, por lo que es más beneficioso hacer obras, sostuvo la analista. "La forma para asegurar su presencia es tener un control total sobre la población", afirmó.

¿Financiación ilegal?

La construcción del colegio en los Llanos del Yarí, una apartada región en medio de las sabanas del departamento del Caquetá, con capacidad para unos 250 alumnos, ascendió a 3.200 millones de pesos, unos US$820.000, según Calarcá.

"Lo financiamos nosotros, las FARC, por nuestros propios medios. El Estado aquí no puso un peso (...), esos recursos se han recaudado de acuerdo a nuestra política financiera", afirmó el líder rebelde.

El EMC también invirtió $3.600 millones, unos US$923.000, en un proyecto agrícola y de reforestación, sostuvo Calarcá, quien rehusó explicar detalles sobre el origen de los fondos.

Sin embargo, las Fuerzas Militares acusan al EMC y a otros grupos armados ilegales de obtener recursos del narcotráfico, la minería ilícita, el secuestro y la extorsión.

Con el acuerdo de paz del 2016, las FARC admitieron sus vínculos con el narcotráfico como una de sus fuentes de ingresos.

El director de la Policía Nacional, general William Salamanca, dijo que la presencia de grupos como el EMC en algunas regiones del país "obliga a replantear la estrategia".

El oficial sostuvo que el ingreso del Estado a territorios con presencia de organizaciones ilegales debe incluir inversión social y la participación de otras autoridades para trabajar junto con la comunidad y la policía.

"La presencia de grupos armados y la construcción de obras les permite tener un control territorial, social e ideológico, meterse en la comunidad como un Estado y lavar sus rentas ilegales", aseguró un alto oficial del ejército que pidió la reserva de su identidad.

"Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional pueden entrar a esas regiones, pero por la desconfianza de la población civil y la cercanía que tiene con esos grupos se dificulta el control y la consolidación territorial", agregó el oficial quien admitió que "el tránsito de la guerra a la paz debe incluir obras de inversión más allá de combatir a las organizaciones criminales".

Petro impulsa planes de recuperación territorial que en el pasado privilegiaron la presencia militar y policial con nula o escasa inversión social de los gobiernos en electrificación, construcción de carreteras, acueductos, escuelas y hospitales.

"Estos grupos buscan controlar el poder político local para enriquecerse. Están detrás de la codicia, de la acumulación de rentas ilegales", opinó el analista y experto en temas de conflicto Eduardo Pizarro.

Pero para los habitantes de la zona, las obras, incluyendo carreteras, son una oportunidad de desarrollo.

"Es una oportunidad para los jóvenes, para los niños", dijo Raúl Ávila, campesino y líder social del Yarí. "En estos territorios la asistencia del Estado ha sido más desde el conflicto, desde las Fuerzas Militares, pero jamás hemos visto la inversión social, hemos estado siempre abandonados por las políticas estatales".

"Hemos hecho un Estado dentro del Estado", aseguró Ávila, de 51 años, refiriéndose a las obras que construye la comunidad y la guerrilla mientras más de 1.000 personas celebraron la apertura del colegio en un acto en el que sonó a todo volumen música de ritmo vallenato.

Ante el riesgo de que los trámites burocráticos, incluido un desacuerdo sobre el nombre, demoren la entrada en funcionamiento del colegio, Calarcá advirtió que será operativo.

"Si ellos (el Gobierno) no lo ponen a funcionar, nosotros lo ponemos a funcionar. Funciona porque funciona", concluyó.