Blanca Cortés F. Jueves, 15 de diciembre de 2016

Cada vez más, desde otros campos de estudio, se expanden los beneficios de internet y su alcance. Así, hoy en día los servicios básicos se apoyan en internet, la banca vive en los bolsillos, los trámites estatales se pueden hacer desde casa y la misma democracia confía sus resultados a sistemas de información. Nuestros clientes, a su vez, en su mayoría operan no solo en ambientes altamente digitales, sino que dependen de redes tanto propias como de terceros para poder controlar, gestionar y desarrollar su negocio.

Desde CMS creemos en las bondades de las tecnologías de la información y en las ventajas que tienen para nuestros clientes en todo el mundo. Nuestra cercanía a la tecnología nos lleva a hacer un llamado para entender la ciberseguridad como un tema que debe ir más allá de lo técnico y llegar a la política pública. Si hemos construido Estados que protegen sus servicios más básicos celosamente, la misma lógica se debe de aplicar a los medios virtuales de los que somos tan dependientes. 

Colombia, por ejemplo, ya se apoya en los sistemas para elementos tan esenciales como la red eléctrica. El Gobierno cuenta con iniciativas como Gobierno En Línea, que digitalizó trámites para que puedan realizarse desde cualquier lugar -y que cuenta con la capacidad de gestionar información personal, masiva y ágilmente al servicio de ciudadanos e instituciones-. 

Este gran alcance viene acompañado de unos importantes riesgos de seguridad digital que es labor del Derecho enfrentar. Aunque ya hay cientos de organizaciones enfocadas en prevenir estos ataques desde el punto de vista técnico, esto no basta. Como planteó la Unión Europea mediante la Directiva (UE) 2016/1148, o como  la OCDE en las recomendaciones de “gestión del riesgo de la seguridad digital para la prosperidad económica y social”, ya estos sistemas están tan integrados con la economía que un ataque contra ellos afectaría a mercados y derechos. Por ello este asunto tiene que ser abordado desde el derecho, la sociedad, la economía y la política pública, pues de no hacerlo, será difícil lograr una protección igual de estos elementos como la que se da a la soberanía y a la prestación de servicios básicos tradicionales.

Colombia ya avanza: el Conpes 3854 creó la Política Nacional de Seguridad Digital, e incluyó la gestión de riesgo como pilar de la seguridad digital. Como abogados somos fundamentales para lograr que esta política se torne en una realidad exitosa. Si consideramos que de la política pública inteligente pueden surgir las herramientas para enfrentar ciberataques, somos los abogados quienes debemos articular nuestro conocimiento de las necesidades del sector privado con las posibilidades y respuestas que tiene que dar la regulación nacional.

Ya en Europa la comunidad legal observa y participa cercanamente en estos desarrollos. Los mercados y los gobiernos están imbuidos en estos sistemas informáticos, así como nuestros clientes y nosotros dependemos de ellos: si no nos ponemos en la punta de lanza de la creación de las políticas de ciberseguridad perderemos una gran oportunidad de lograr resultados que no solo redunden en un beneficio gremial, sino que puedan ser aprovechados por toda la sociedad.