El exsecretario General de la Presidencia, Bernardo Moreno rindió indagatoria

El exsecretario General de la Presidencia de la República, el excongresista Bernardo Moreno, asistió a una indagatoria en la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias y cohecho.

La investigación en su contra tiene que ver con una presunta presión que Moreno habría ejércido para favorecer el nombramiento de varias personas cercanas a un congresista durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Según las investigaciones, dichos nombramientos se realizaban como contraprestación a su apoyo al proyecto reeleccionista de en 2004. Aunque al finalizar la indagatoria, Moreno no habló, su abogado Jaime Granados explicó que aunque no se pueden conocer detalles de la diligencia por ser de trámite de ley 600 de año 2.000 que tiene el llamado reserva del sumario, su cliente sí respondió todas las preguntas que el fiscal del caso le formuló.

“Como siempre, ha respondido a los requerimientos de la justicia. Respondió cada una de las preguntas que le formularon de manera muy amable”, reiteró el abogado quien además explicó que la investigación en este caso ya lleva cerca de seis años.

Según Granados, esta diligencia que duró cerca de cinco horas fue presidida por el vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo. Moreno espera que se “concluya los procedimientos y las pruebas que se van a practicar (...) y se tome una decisión a su favor”.

El exsecretario de la Presidencia, quien actualmente se encuentra en libertad, tiene otra investigación en su contra por las llamadas ‘chuzadas’ del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, a periodistas y miembros del Gobierno Nacional durante el mandato de Uribe Vélez. Ese proceso ya se encuentra en etapa final en la Corte Suprema de Justicia.

Piden la extradición de Hurtado
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia solicitó en extradición a la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, quien se encuentra asilada en Panamá desde noviembre de 2010.

Así lo determinó la Corporación al acoger la petición de la Fiscalía y al estimar que todavía están vigentes los mismos argumentos que motivaron un primer pedido de extradición que se realizó en noviembre de 2011 y que fue rechazado por el Gobierno de Panamá.