Jueves, 8 de diciembre de 2016

Yuliana y su tragedia son el ejemplo visible de algo que ocurre diariamente en Colombia y que pasa desapercibido. En el último año por lo menos siete niñas han muerto en Colombia como producto de actos similares a los que sufrió Yuliana. Hoy, por diferentes razones, los reflectores están sobre lo ocurrido y sí es noticia nacional. 

Pero ¿la defensa de los derechos de los niños (y niñas) realmente justifica posturas contrarias a la constitución? La respuesta es clara: No. Los derechos de los niños, que no cabe duda prevalecen sobre los derechos de los demás, tampoco pueden ser la excusa para que la reserva sumarial se pierda o que se vulnere el derecho a la vida, integridad física, intimidad, honra y buen nombre de cualquier persona. 

Una horda de personas histéricas pretendiendo hacer justicia y repudiando hechos atroces no pueden, por muy indignados que se encuentren, desconocer que el Estado de Derecho brinda garantías a todos. Justamente por esa misma razón celebro que a pesar de la extrema exposición mediática que lo ocurrido ha tenido y el principio de publicidad de los procesos penales, en esta oportunidad las audiencias adelantadas en contra de los presuntos autores de los delitos de los que fue víctima Yuliana Samboní se adelantaran de forma privada. Los jueces de garantías están para eso: brindar garantías a víctimas y presuntos responsables. 

Sin embargo, llama la atención saber cuál va a ser el papel que asuma el Derecho frente a arbitrariedades que bajo el derecho a la libertad de expresión y prensa han venido cometiendo diferentes medios de comunicación. 

En efecto, la comunidad tiene derecho a estar enterada pero ¿Cuál es el límite de la información? ¿Tienen derecho los medios masivos a plantear teorías y lanzar juicios señalando culpables o inocentes?

 Tal vez sí sea necesario que sean fijados límites claros para el ejercicio profesional de los periodistas. El fin de la noticia no debe justificar los medios, ni mucho menos el abuso de los medios para conseguir más ventas, más rating o más “clicks”. 

En esta oportunidad las diferentes noticias que se publicaron han podido conducir a la obstrucción de la justicia, más que haber alterado la escena del crimen. ¿Vale la pena tanta sobreexposición? ¿Tal es el nivel de desconfianza en nuestro sistema judicial que deben ser los medios los que determinen cómo ha de impartirse justicia? 

Todo lo ocurrido la semana pasada es indignante. Pero asusta más la sed de venganza y la forma en que de manera irresponsable esta crece por cuenta de publicaciones inescrupulosas. 

¿Realmente era necesario saber cuál era el paradero del presunto agresor de modo que el Estado tuviera que doblar sus esfuerzos para garantizar que la integridad física de esa persona no fuera afectada y pudiera comparecer ante los jueces? ¿Pueden los medios alterar el régimen de responsabilidad penal, que es personal, a volverlo familiar y corporativo?

Asombra que una situación, que desafortunadamente no es aislada, sirva para que se promuevan iniciativas que en medio de la efervescencia y calor puedan parecer populares como la pena perpetua para este tipo de delitos, en lugar de procurar la implementación de políticas de prevención y educación reales y eficientes.