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Judicial

"El Gobierno podría incurrir en un desacato por falta de nombramientos en la Creg"

Procuradora instó al nombramiento, cuanto antes, de los expertos que deben conformar la Comisión de Regulación de Energía y Gas

26 de junio de 2024

Carlos Jaramillo Palacio


Procuradora Margarita Cabello
Colprensa
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La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, le mandó este miércoles una advertencia clara al Gobierno y al presidente Gustavo Petro. Desde el Congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) aseguró que se debe priorizar y realizar cuanto antes el nombramiento de los expertos que deben conformar la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), ya que de no hacerlo el Gobierno podría incurrir en un desacato de la decisión judicial del Consejo de Estado.

Cabello Blanco señaló que existe preocupación porque ni Presidencia ni el Ministerio de Minas han publicado el nombre de los seis expertos que ocuparán las posiciones disponibles, para lo que tenían como plazo máximo hasta el pasado 19 de junio.

De acuerdo con lo que dijo, "la falta de esos miembros ha provocado que la Comisión no haya podido citar a sesiones por falta de quorum, y que se haya reunido para tal efecto menos veces en comparación con años anteriores".

Para la jefe del Ministerio Público, la situación puede indicar que la realidad institucional no tiene respuesta al plan de acción elaborado para afrontar las consecuencias del fenómeno de El Niño, por lo que urgió nombrar a los seis expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva y se atiendan los asuntos de su competencia.

Adicionalmente, expresó que la investigación disciplinaria adelantada contra el ministro de Minas, Andrés Camacho, por este asunto se encuentra actualmente en etapa probatoria, tras lo que se dará traslado a los alegatos precalificatorios y se procederá a tomar la decisión que en derecho corresponda.

En el marco de este congreso, también señaló que a corto plazo el país podría depender de la importación de gas para suplir la demanda residencial e industrial, factor que eleva el riesgo de un aumento en el costo que se paga por su uso.

“No parece una decisión acertada suspender la firma de nuevos contratos de explotación de gas”, porque priva a los ciudadanos de las rentas que genera la actividad, de empleo, inversión y seguridad energética en condiciones justas.

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