Colprensa
sábado, 9 de marzo de 2024
Le ordenó realizar una publicación que informe acerca de los impactos negativos que tienen los discursos de odio contra la población Lgbtiq+
La Corte Constitucional puso en cintura a un influencer. Por primera vez le ordenó a un influencer, Luis Villa, conocido como Westcol, realizar una publicación que informe acerca de los impactos negativos que tienen los discursos discriminatorios y de odio contra la comunidad Lgbtiq+.
La decisión obedece a que realizó una serie de publicaciones con mensajes de odio contra la población de esta comunidad a través de sus redes sociales y diferentes plataformas. Esta determinación se produjo tras el análisis de una tutela presentada por un activista de esa comunidad, quien manifestó que en la plataforma YouTube, a través de la cuenta Westcol, se realizó una publicación con mensajes de odio contra la población Lgbtiq+.
El accionante dejó claro que “le preocupa que un influencer en redes sociales normalice el homicidio con dolo, la discriminación y la violencia sexual contra esa comunidad sin ningún tipo de restricción”.
En consecuencia, le ordenó realizar una publicación que informe acerca de los impactos negativos que tienen los discursos discriminatorios y de odio en un término de 120 horas.
Lo que constató el alto tribunal es que tales contenidos fueron divulgados ampliamente en redes sociales y “a pesar de que el accionado se disculpó en su momento por la publicación, dicho actuar no fue suficiente para proteger, promover y reivindicar los derechos de la población Lgbtiq+ y transgénero”.
Se refieren a un video que Villa tituló “¿Y si mi hijo sale trans?”, en el que dijo que estaría dispuesto a empalarlo si se identificaba de esa manera.
Pero no es la única vez en la que el streamer ha promovido tal discurso, pues en otra ocasión aseguró: “No me traiga un man aquí por el putas (…) Lo enciendo a balín y le hago otros 17 huecos, lo fulmino a balazos”.
Adicionalmente, Westcol deberá participar en una jornada de capacitación y formación en derechos de las personas de esa comunidad, ofrecida por el Ministerio de Justicia y del Derecho, y publicar en sus redes sociales la sentencia proferida.
El caso, además, sirvió para que se le hiciera un llamado de atención a YouTube y que garantice al interior de su plataforma un trámite oportuno de las denuncias sobre discursos de odio.
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