El MinJusticia alista proyecto de ley que busca beneficios para los líderes criminales
El proyecto incluye casos en los que el Gobierno nacional suscriba acuerdos de paz con grupos armados o decida su sometimiento a la justicia
17 de julio de 2025
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El Congreso de Colombia se prepara para debatir un proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Justicia, este busca implementar un tratamiento penal especial para integrantes de grupos armados organizados al margen de la ley y estructuras de crimen organizado que se sometan a la justicia. La iniciativa tiene como objetivo facilitar la transición de estos grupos a la vida civil mediante reglas claras para su investigación, juzgamiento y sanción.
El proyecto incluye casos en los que el Gobierno nacional suscriba acuerdos de paz con grupos armados o decida su sometimiento a la justicia. El texto establece un plazo máximo de 18 meses después de la firma del acuerdo para activar el procedimiento. Además, la normativa será aplicable en acuerdos parciales cuando la parcialidad se refiera a la aplicación gradual a todos los integrantes o estructuras del grupo.
El tratamiento penal propuesto cambiaría según el rol y la gravedad de las conductas de los integrantes. Quienes hayan tenido roles de dirección en estructuras regionales o nacionales del grupo, o capacidad de decisión en crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos, enfrentarán penas alternativas de entre cinco y ocho años. Para otros integrantes que hayan participado en dichos crímenes pero sin capacidad de decisión, las penas oscilarán entre dos y cinco años. En casos de delitos menores vinculados a la mera pertenencia al grupo, se aplicarán mecanismos de terminación anticipada del proceso.
Entre los requisitos para acceder al beneficio se encuentran la dejación de armas, la entrega de información sobre bienes vinculados al grupo y la suscripción de un compromiso de contribución a los derechos de las víctimas. Las personas privadas de la libertad también podrán acogerse al tratamiento, con condiciones específicas según el tiempo de detención.
El proyecto incluye causales de revocatoria del beneficio, como volver a las armas o cometer nuevos delitos dolosos. Además, establece que la Fiscalía priorizará la resolución de procesos pendientes para garantizar una reintegración efectiva.
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