General Urrego niega denuncias de la Presidencia sobre presunto plan de desprestigio

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo pública una denuncia sobre un presunto plan estructurado para afectar su integridad y estabilidad política. Según lo expuesto por el mandatario, la trama involucraría a un oficial de alto rango de la Policía Nacional que fue recientemente apartado de su cargo.

El núcleo de la acusación se centra en una supuesta instrucción impartida para manipular el entorno del jefe de Estado. La denuncia señala específicamente que un oficial habría recibido la orden directa de introducir sustancias ilícitas en el vehículo oficial del presidente.

Fuentes previas confirmaron que se trata del general Edwin Urrego Pedraza, quien para el momento de su salida de la institución era el comandante de la Policía de la ciudad de Cali.

El objetivo de esta acción, de acuerdo con la versión presidencial, sería generar un escándalo de narcotráfico que comprometiera su posición institucional. Este señalamiento vincula directamente el retiro del general con el descubrimiento de estas presuntas irregularidades.

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Por su parte, el general de la Policía mencionado en los señalamientos ha respondido a las acusaciones del primer mandatario. El oficial calificó las afirmaciones de Gustavo Petro como producto de una desinformación, negando cualquier participación en actos que busquen perjudicar al Gobierno. La controversia surge en un contexto donde se alega que el complot buscaba afectar una reunión con Donald Trump.

El reporte periodístico indica que los hechos están siendo tratados bajo el enfoque de justicia y conflicto, dada la gravedad de vincular a la fuerza pública en planes de esta naturaleza. La información ha sido difundida a través de canales oficiales y medios de comunicación tras las declaraciones del ejecutivo. Las autoridades competentes deberán verificar la veracidad de los testimonios y las pruebas que sustenten tales afirmaciones.

Actualmente, la situación ha generado un intercambio de declaraciones que mantiene la atención sobre la cúpula policial y la seguridad de la presidencia. El caso se suma a otros temas de relevancia nacional en materia de derechos humanos y paz que tramita la justicia colombiana.

La resolución de este conflicto dependerá del avance de las investigaciones internas y judiciales que se deriven de la denuncia pública.