El presupuesto de la Rama Judicial deja a la deriva a los practicantes por pago de la ARP

Ya empezaron a despedir a los judicantes en las diferentes seccionales. En una circular elaborada por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda se afirmó que “en cumplimiento a lo determinado en las normas descritas (Decreto 055 del 14 de enero de 2015) en la presente comunicación y en calidad de ordenador del gasto, se requiere que desde el primero de febrero de 2015, fecha de la vigencia de la norma no puede haber estudiante en práctica ad-honorem en ningún despacho judicial u oficina administrativa”.

Es decir que hasta que no se consigan los recursos no se podrían graduar los alumnos pues el Decreto 1221 de 1990 establece que para optar al título de abogado el estudiante podría elegir ser judicante. Cada despacho judicial  tiene autonomía para contratarlos y despedirlos, según la necesidad.

 Jaime Robledo, presidente de la Sala del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, comenta que se han despedido 30 estudiantes mientras 190 de las universidades Libre y Seccional Andina aún no han podido ser contratados.

Mientras esto pasa en Risaralda, en algunos despachos de Cundinamarca no se han despedido a los judicantes, pero sí mandaron una circular para realizar un censo de los alumnos para evaluar la solicitud de más recursos y así cumplir con la normativa.

Luis Fernando Otálvaro, presidente de Asonal Judicial, dijo que en todas las entidades estatales están suspendiendo a sus practicantes. La ARL  se cotiza basándose en el salario mínimo legal vigente, para este caso en el que el riesgo está catalogado en 1 sería $3.400 por alumno al mes.

Si su tiempo en práctica es nueve meses la tarifa por estudiante sería $30.600. Lo que daría pie para inferir que solo en Risaralda para los 190 estudiantes que están la expectativa se necesitan recursos por  $5,8 millones para 2015.

De acuerdo al Ministerio de Educación existen 47 universidades que ofertan el programa de derecho y al año pasado había  107.768 matriculados en pregrado.

En cifras preliminares a 2013 entraron al mercado 12.672  graduados. Las necesidades de la Rama estaban en $5 billones el año pasado y solo se le asignó un total de $2,8 billones, lo que dejó un hueco de $2,2 billones para la operación del sistema un problema que se mantiene si se tiene en cuenta que el presupuesto para inversión este año es de $342.000 millones para inversión y para funcionamiento $2,9 billones. “Esta es una situación que no  solo se presenta en Risaralda sino en todo el país porque las seccionales no tienen con qué pagar la ARL  ya que el  presupuesto general se definió en octubre y el decreto empezó a regir este año”, dijo Robledo.

“Para nosotros es urgente tener a los judicantes acá porque ellos nos ayudan a la descongestión los despachos judiciales. Estamos muy preocupados con esa medida  pues no estábamos preparados”, agregó Robledo.

Según el Ministerio de Trabajo el decreto no fue un capricho del Gobierno y se hizo  en cumplimiento a una orden que imparte la ley hace dos años. Es  decir que  fue obligado mediante sentencia de Acción de cumplimiento a expedir el decreto”.

Antecedentes
Es misión de las facultades de derecho, en desarrollo de los postulados del título I del Decreto ley 80 de 1980, el estudio, la investigación, la  enseñanza y la divulgación del sistema jurídico nacional con el propósito de formar una conciencia ciudadana que, afirmando los valores de la tradición  patria y el respeto de las garantías individuales y colectivas, preserve las instituciones republicanas, la democracia representativa y las libertades públicas, dentro de un claro sentido de los deberes cívicos, una ética de servicio social, y la concepción e interpretación del derecho como expresión.

Las opiniones

Jaime Robledo
Presidente sala del consejo seccional de la judicatura de risaralda
“Esta es una situación, no solo se presenta en Risaralda, es una coyuntura en todo el país porque las seccionales no tienen con qué pagar la ARL  ya que el  presupuesto general se definió en octubre y el decreto empezó a regir desde  este año”.

Luis Fernando Otálvaro
Presidente de Asonal
 “El problema es de recursos. Los judicantes no devengan y la afiliación se hace con base al salario mínimo legal vigente. Aún no se tiene certeza del número total de practicantes de los que se tienen que asumir estas obligaciones. Se debe cumplir, pero no se puede con caja menor”.