Ximena Ramírez - xramirez@larepublica.com.co Sábado, 1 de diciembre de 2012

El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, durante su intervenciión en el Congreso Nacional Ganadero, se refirió al tema de las víctimas –muchas de ellas ganaderas-, y su relación con el actual proceso de paz que se lleva a cabo entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las Farc en la Habana (Cuba).

Ordóñez manifestó que la procuraduría tiene dos aspectos que la constituyen, el del Estado y el de la Sociedad, y en materia de este ultimo va a estar vigilante del proceso que se realiza en Cuba, para que las FARC no pretendan pasar de victimarios a víctimas. Y se declaró escéptico sobre las conversaciones que actualmente se realizan, porque él como muchos colombianos tiene memoria histórica. “Nosotros sí queremos como todos los colombianos, la paz, pero todo requiere de un proceso, y no podemos estar de acuerdo en que se pretenda dar amnistía o indulto, a un grupo terrorista como las Farc, que han causado tanto daño a la población colombiana. Que ha secuestrado, asesinado, reclutado niños, y han sido narcotraficantes. Esos crímenes no pueden quedar impunes; y este proceso solo puede culminar con el sometimiento de las Farc a la justicia”, señaló. Agregó que La Habana no puede convertirse en escenario de una nueva Constituyente. Y que va a estar muy vigilante en ese aspecto, e intervendrá cuando sea necesario. Por otro lado el alto funcionario se mostró en desacuerdo en que según el Marco Jurídico para la Paz, los integrantes del grupo guerrillero tengan la posibilidad de pagar penas simbólicas. Y señaló que actualmente las condiciones para este tipo de procesos han cambiado. Ya no pueden quedar impunes a nivel internacional, ni los crímenes de guerra ni los delitos de lesa humanidad. Aseguró además que le preocupa el tema de los militares. “No se puede volver al síndrome Petro-Plaza Vega, mientras algunos delincuentes fueron favorecidos con la Ley de Justicia y Paz pagando penas irrisorias, los integrantes de las Farc pagarían penas simbólicas, mientras a los militares les coloquen condenas de 40 a 60 años, después que han combatido el terrorismo”, concluyó.