• Vanessa Pérez Díaz vperez@larepublica.com.co

miércoles, 17 de marzo de 2021

Luis Guillermo Vélez Cabrera, exdirector de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, habló sobre el arbitraje de Colombia

Colombia ganó la semana pasada una de las batallas más icónicas en arbitraje internacional. Tras un largo proceso de cuatro años, el país pudo demostrar que las pretensiones de Gas Natural (Naturgy), de que el Estado los resarciera económicamente por la intervención hecha en Electricaribe (alegando una expropiación sin indemnización), no eran correctas.

Una de las fichas clave para alcanzar este logro, que evitó que el Estado tuviera que pagar $4,8 billones a una empresa multinacional, es la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, un organismo que en 2017 dirigió el abogado Luis Guillermo Vélez Cabrera, con quien conversamos sobre este tema.

¿Qué tan preparado está el Estado para defenderse en este tipo de arbitrajes internacionales?

Desde 2017 se ha hecho un importante trabajo institucional para preparar la defensa internacional de Colombia. Ese año se creó en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, una dirección especializada para defender al país de litigios internacionales de inversión, como el de Electricaribe, y frente a las peticiones y procesos del sistema interamericano de derechos humanos. Esta dirección cuenta con abogados del más alto nivel y con la asesoría de los mejores bufetes internacionales en estas materias.

En contra de los pronósticos de algunos pesimistas y escépticos profesionales, el Estado colombiano obtuvo un triunfo contundente en el caso de Electricaribe.

¿En qué otros casos cree que también pueda ganar el Estado? Por ejemplo, Glencore, Eco Oro o Granahorrar

Colombia siempre ha sido respetuosa de la inversión extranjera y de sus obligaciones internacionales. Las demandas en contra del país por violaciones a los tratados bilaterales de protección a la inversión son, en mi opinión, injustificadas.

De todas formas, se debe adelantar una gestión de defensa jurídica proactiva, estratégica, consecuente y, sobre todo, institucional. Es decir, que debe tener continuidad como política de Estado independientemente de los gobiernos del momento. Eso, afortunadamente, ha ocurrido hasta el momento.

El año pasado se dijo que el Estado gastaba cerca de $780.000 en asesorías y representaciones jurídicas ¿Es una cifra muy alta frente a otros países de la región o es normal?

Es una cifra alta y, quizás, desproporcionada si se trata de asesoría jurídica y litigio a nivel local. Sin embargo, en materia de arbitraje internacional, en especial si es de inversión, el país no debe escatimar recursos para atender este tipo de litigio. Se trata de un litigio especializado y altamente técnico.

Las contrapartes tienen el dinero para contratar a los mejores abogados para demandar y nosotros, los colombianos, debemos tener la posibilidad de contratar -como lo hemos hecho hasta ahora- los mejores abogados para defendernos.

Con el tiempo, tendremos capacidad interna dentro del Estado para llevar la defensa de manera directa, sin abogados extranjeros, pero aún no estamos preparados. Muchas veces, ahorrar en estas materias acaba saliendo carísimo.

¿Hay una fiebre o moda por demandar al Estado? Lo digo por el caso de Odebrecht, que demanda a Colombia por $3,8 billones cuando está siendo investigada por corrupción.

El arbitraje de inversión es una figura altamente cuestionada. Existe en la actualidad un grupo de trabajo en las Naciones Unidas dedicado a revisar el sistema porque se considera que es abusivo, inequitativo, lento y costoso. Colombia ha sido víctima de estos abusos. Es un verdadero descaro que empresas criminales como Odebrecht, que se dedicaron sistemáticamente a corromper gobiernos en todas partes, ahora vengan a reclamar daños y perjuicios porque sus inversiones fueron supuestamente violentadas.

Pero no solo Odebrecht. Si usted revisa con cuidado el listado de demandas arbitrales en contra del país, encontrará que se trata en muchos casos de pleitos frívolos. Sin embargo, no nos podemos descuidar. El resultado del caso Electricaribe demostró que tenemos la capacidad institucional, jurídica y humana para afrontar estos retos y ganar.