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Cristian Acosta Argote - cacosta@larepublica.com.co jueves, 29 de abril de 2021

El proyecto pretende que los ciudadanos puedan participar activamente en el sistema judicial colombiano y haya más equidad

El Senado de la República informó que en Plenaria aprobó el último debate, y por unanimidad, el proyecto de ley que busca regular el funcionamiento de los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior y que, inclusive, ampliará las prestación de sus servicios.

La incitativa fue guiada por el Gobierno Nacional y por el Ministerio de Justicia y Derecho. Como primera medida, se busca que el proyecto actualice la regulación de dichos centros para ofrecer mejores técnicas, estrategias, aptitudes y habilidades prácticas para los jóvenes que se estén formando en derecho.

En segundo lugar, el proyecto pretende que los ciudadanos puedan participar activamente en el sistema judicial colombiano, para que, de esta forma, la población tenga voz y pueda acceder a los servicios de los consultorios.

Según Wilson Ruiz Orejuela, ministro de Justicia, luego de la aprobación del proyecto en el Senado, el siguiente paso es que la propuesta se convierta en Ley de la República. “La regulación del funcionamiento de los consultorios jurídicos contribuye a la formación integral de los profesionales del Derecho mediante el fortalecimiento de su función ética y social, y a la consolidación de las instituciones educativas como escenarios de aprendizaje práctico”, dijo.

El jefe de cartera de Justicia añadió que la iniciativa quiere que los estudiantes de ciencias jurídicas adquieran perspectivas adicionales en igualdad y respeto por la igualdad y la inclusión. Agregó que es necesario “garantizar los ajustes necesarios para que estudiantes, docentes y beneficiarios de los consultorios jurídicos puedan tener acceso y participar activamente”.

Uno de los cambios más significativos que está comprendido dentro del proyecto es la ampliación de los servicios sobre la conciliación en derecho, equidad, representación judicial y extrajudicial. Además se ampliarán las actuaciones administrativas, el litigo estratégico y los servicios de mediación en los casos.

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