sábado, 18 de febrero de 2023
Tapia fue sancionado con una multa de $232 millones y Canabal con una de $116 millones, por no revelar su condición de controlantes
La Superintendencia de Sociedades declaró a Emilio Tapia Aldana como controlante de ICM Ingenieros S.A.S. en Liquidación Judicial y de Omega Buildings Constructura S.A.S; y a Hugo Armando Canabal Hoyos, como controlante de Intec de la Costa S.A.S. en Liquidación Judicial. Estas son las sociedades que integran la Unión Temporal Centros Poblados.
Las decisiones se adoptaron después de los correspondientes procesos administrativos sancionatorios.
Tapia fue sancionado con una multa de $232 millones y Canabal con una de $116 millones, por no revelar en el registro mercantil su condición de controlantes, de acuerdo con lo señalado en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995.
“La declaratoria de control en este caso resulta importante para que los interesados puedan utilizar los mecanismos para hacer efectiva la responsabilidad subsidiaria de los controlantes, de acuerdo con lo señalado en el artículo 61 de la Ley 1116 de 2006”, indicó Billy Escobar Pérez, superintendente de Sociedades.
Los afectados podrán solicitar el levantamiento del velo corporativo por medio de las acciones contempladas en la Ley. Mientras que los investigados tienen la posibilidad de interponer los recursos de reposición y apelación.
Fiscalía General acusó a tres empresarios por el escándalo de los Centros Poblados
Cabe recordar que, según la Fiscalía, el sentenciado en el escándalo de corrupción del ‘carrusel de la contratación’, Emilio Tapia, fue el líder intelectual del saqueo al proyecto del Gobierno Nacional de Centros Poblados, el cual, de acuerdo con las investigaciones, mediante engaños y utilizando pólizas de seguros falsas, lograron engañar a funcionarios del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para conseguir la licitación y el contrato.
“Emilio José Tapia Aldana quién a través de terceros manejaba la empresa ICM Ingenieros, aceptó pagar a Ottomar Lascarro Torres, una suma de dinero correspondiente a $4.000 millones y una comisión por dicho negocio a Juan José Laverde Martínez, por la participación de Omega Buildings e Intel de la Costa en la Unión Temporal para cumplir con los requisitos habilitantes exigidos en el proceso licitatorio”, resaltó la fiscal delegada del caso.
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