La República

David Jáuregui Sarmiento - djauregui@larepublica.com.co Miércoles, 8 de noviembre de 2017

La entidad encontró que las firmas investigadas habrían implementado políticas empresariales tendientes a obstruir la libre circulación de las facturas expedidas por sus proveedores

El Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia ad hoc de la Superintendencia de Industria y Comercio, formuló pliego de cargos contra Procter & Gamble, Postobón, Equión Energía y Carbones del Cerrejón por haber incurrido en presuntas prácticas competitivas por, supuestamente, obstruir la libre circulación de las facturas emitidas por sus proveedores, motivo por el que las empresas señaladas anunciaron que atenderán las investigaciones.

Firmas como Postobón y Cerrejón, y las otras compañías señaladas, explicaron en comunicados oficiales que no habían sido notificadas por la autoridad, y que su conocimiento del tema se debió a lo publicado en los medios de comunicación.

“Por el momento, Postobón S.A. está atenta a recibir la notificación del caso con el fin de evaluar las acciones a seguir y ejercer su derecho a la defensa conforme con las disposiciones legales vigentes”, expresó la empresa frente a los señalamientos.

De la misma forma, Cerrejón anunció a través de su página web que “una vez conozca su contenido lo estudiará y procederá a dar las explicaciones del caso en el marco de la investigación respectiva”.

Así mismo, Mónica Fernández de Soto, vocera de Procter & Gamble, dijo a AL que, como las demás compañías, se enteró de la noticia a través de medios de comunicación, y que cuando la empresa haya analizado los pliegos procederán a dar una respuesta oficial. Por último, Equión Energía también se pronunció, y anunció que como aún no recibido información por parte de la SIC, “se abstendrá de pronunciarse hasta ser notificada por el conducto regular y conocer el contenido exacto de la resolución correspondiente”.

Para la Superintendencia, en cabeza de Pablo Felipe Robledo, las acusaciones son graves pues, según explicó en comunicado público, el Gobierno “ha expedido importantes documentos de política pública para fortalecer la negociación de facturas como mecanismo de financiación alternativo al crédito bancario tradicional, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas”.

De acuerdo con el pliego de cargos anunciado, la entidad encontró que las firmas investigadas habrían implementado políticas empresariales tendientes a obstruir la libre circulación de las facturas expedidas por sus proveedores, por ejemplo a través de la retención del original de las facturas.