"En la Ley Anticontrabando, el reto está en la aplicación" dice Francisco José Lloreda

Lo importante, explicó, es que la ley por sí misma no produce milagros y es fundamental que vaya acompañada por una “clara disposición de las autoridades”, entre otros aspectos porque el contrabando no solo afecta al sector de los combustibles, sino se amplió el espectro a arroz, papa, cebolla y marroquinería.

José Miguel Espinosa, presidente de Fitac, agregó que se le ha “transmitido al Gobierno que  hay que combatir las grandes organizaciones estructuradas que ven al comercio internacional como fuente infinita del contrabando y no tanto al pequeño”; pero sí, aclaró se debe fortalecer el perfilamiento del riesgo de los clientes.

“Es un llamado a que los comerciantes, industriales y operadores de comercio exterior conozcan mejor a sus clientes”, pare evitar caer en prácticas de contrabando.

El mayor cambio es la inclusión del contrabando como conducta constitutiva de lavado de activos, “siempre que la finalidad sea encubrir u ocultar el origen ilícito de estos bienes”, señaló un documento divulgado por el Ministerio de Hacienda.

Por ejemplo, en hidrocarburos, se prevé una pena de hasta 16 años si el volumen ilegal supera los 1.000 galones. El presidente Juan Manuel Santos dijo en su cuentra de Twitter, “Con #LeyAnticontrabando construimos un país que apuesta por la legalidad y defendemos la industria y los ingresos para programas sociales”.

Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, sostuvo que los grandes contrabandistas y políticos con aspiraciones en las elecciones de octubre se están aprovechando de los pequeños comerciantes que están desinformados.  “Que tiemblen los grandes contrabandistas y lavadores (...) la ley no persigue a los pequeños comerciantes”.

Sobre este aspecto Albeiro Camacho, presidente de la Federación de San Andresitos de Colombia (Fesacol), aseguró que el conflicto no está ni con la ley ni con las penas, sino con los verbos que se usan en los artículos.

Dice que son muy ambiguos y pueden dar pie para que a un pequeño comerciante le puedan imputar cargos de lavados de activos, por aspectos que no les compete a ellos evaluar.