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miércoles, 26 de junio de 2013

El aval al preacuerdo del contratista Julio Gómez quedó en suspenso, luego de que la jueza 40 de Conocimiento no avalara a la compañía Segurexpo S.A. como víctima en este proceso y sus abogados interpusieran el recurso de apelación.

Ahora habrá que espera que el Tribunal Superior de Bogotá decida sobre este tema, para conocer si se aprueba o no el preacuerdo. La funcionaria judicial consideró que no se hizo una "fundamentación nutrida" para poder llegar a la conclusión que pueden ostentar la calidad de víctimas. Además, recalcó que la compañía no se le puede dar esa calificación dentro de los delitos que la Fiscalía investiga en este proceso. El abogado Mauricio Pava presentó el recurso al considerar que si no se acepta a Segurexpo como víctima no va a haber nadie que hable en nombre de los inversionistas privados a pesar de que en medio de la discusión se esté considerando "una tonelada de dinero". "Nos prometieron que las víctimas y perjudicados en el proceso penal iban a tener amplios derechos, nos prometieron un plan razonable (...) No estoy diciendo que nos paguen 45 mil millones de pesos, sino que nos tengan en cuenta", añadió el abogado. Ante la funcionaria judicial se pretendía presentar el documento que acordó con el ente acusador, en el que Gómez se compromete a pagar 10 años de prisión y a colaborar con la justicia, en el esclarecimiento de los hechos que rodearon al carrusel de la contratación. En el documento en el que se describe lo acordado, se manifiesta que Gómez "se declara culpable" luego de aceptar "de manera libre, voluntaria, espontánea y en presencia de su defensa" que la Fiscalía cuenta con los elementos probatorios suficientes para lograr que un juez lo condene por estos hechos. Además de aceptar una pena de 10 años de prisión, también se muestra de acuerdo con que un juez de Conocimiento, a quien le asignen el caso, le imponga una multa que deberá pagar. El contratista acepta los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio. En abril de este mes, un juez ya había avalado el principio de oportunidad por el delito de concierto para delinquir, en el que Gómez también se comprometía a colaborar con la justicia a cambio de que cese durante un año toda persecución penal por este delito. El ente acusador destaca que al firmar el preacuerdo el contratista "ha mostrado su intención de colaborar, delatando acciones delictivas que han afectado la administración pública, así como los autores de las mismas". Así mismo, en el documento se manifiesta que los representantes del IDU, en calidad de víctimas dentro de este proceso, dijeron estar conformes con lo dispuesto siempre y cuando se conozca la verdad de estos hechos.

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