El cambio de fecha, que inicialmente estaba establecida para el 1 de enero, fue aplazada porque aún se encuentran en revisión los planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos que deben adoptar los municipios y distritos. Esta nueva fecha fue concertada entre los diferentes agentes del sector; y obtuvo la aceptación del Gobierno Nacional en razón a la necesidad de armonizar, optimizar y garantizar la buena prestación del servicio de aseo en todo el país.
El nuevo marco regulatorio está estipulado por la resolución 720 de la CRA, la cual establece el régimen de tarifas al que deben someterse los prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, entre otras cosas.
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