• Colprensa

sábado, 19 de julio de 2014

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) viene poniendo en cintura al mercado. Con un presupuesto de $120.000 millones en este 2014, la entidad emprendió una cacería contra todos los agentes del mercado que incurran en una violación de la ley. Solo en el primer semestre ha impuesto multas que ascienden a los $125.000 millones.

El cumplimiento de las normas, la protección al consumidor, la publicidad sin engaños y la libre competencia, son los objetivos que trasnochan al superintendente Pablo Felipe Robledo, cabeza de la entidad.

La mayoría de decisiones de la SIC han logrado aplausos del grueso de la población. Sin embargo, hubo una determinación que generó revuelo en contra: la orden a los cableoperadores de televisión de abstenerse de retransmitir las señales de alta definición y análoga de los canales Caracol y RCN sin autorización.

Ese pleito parece no tener fin. La señal HD estuvo al aire durante el Mundial, pero terminado el torneo, volvió a salir de las parrillas de los cableros, mientras la autorización de la análoga tiene los meses contados. El Superintendente se mantiene en que su decisión buscó garantizar la libre competencia en el mercado de la televisión, por lo que por el momento no hay cabida para una suspensión de las medidas cautelares.

Usted negó la solicitud de la Autoridad Nacional de Televisión de suspender las medidas cautelares impuestas a los cableoperadores, ¿qué motivos tuvo?
Hace días la Superintendencia negó la suspensión de la medida cautelar porque la Antv no es parte dentro del proceso, los que son parte son Caracol y RCN, como demandantes, y los operadores, como demandados, y los únicos que pueden presentar solicitudes dentro de ese proceso son ellos.

¿Se mantienen en que las medidas cautelares fueron acertadas?
Esa medida cautelar no es más que reiterar lo que unas normas dicen. Hay normas nacionales e internacionales que están incorporadas en la legislación y que indican que los organismos de radiodifusión (Caracol y RCN) tienen el derecho a autorizar o prohibir la retransmisión de su señal.

¿Más allá de los líos entre las empresas, cómo van a velar en este caso por la protección a los consumidores?
Por ahora no tenemos ninguna investigación en materia de protección al consumidor, en su momento, si advertimos la necesidad de hacerlo, la haremos.

¿Qué va a pasar cuando se venza el plazo otorgado por los canales para la retransmisión de la señal análoga?
Eso no lo sé. Lo único que sabe la Superintendencia es que sin autorización no puede retransmitirse la señal de ningún organismo de radiodifusión. La obligación de los cableoperadores es garantizar el acceso a los colombianos a la televisión abierta, lo que pasa es que ese acceso no se da únicamente cogiendo una señal y retransmitiéndola, sino también permitiendo que usted, que tiene cable en su casa, se pueda salir del cable y coger la televisión abierta.

¿Podrían abrir investigación a los cableoperadores si eventualmente no garantizan eso?
Claro. El cableoperador obtiene la autorización, gratuita o remunerada, para retransmitir la señal o, de no obtenerla, tiene que garantizar que uno salga al aire y coja la señal de televisión abierta. Si no lo hace está incumpliendo una obligación y muchas autoridades tendrían que tomar acciones para hacer que esa obligación se cumpla.

También preocupa el tema de publicidad engañosa, ¿cuáles son los sectores en los que más han llevado procesos de este tipo?
Hemos elevado pliego de cargos contra una buena cantidad de empresas de distintos sectores: alimentos, turismo, entre otros. Es dramático lo que ocurre con productos que hemos denominado ‘milagros’. Como las cremas reductoras de medidas, que supuestamente tienen todo tipo de bondades proclamadas por los empresarios, que cuando se les va a preguntar, no tienen prueba de que eso sea así y es un sector en el que venimos trabajando.

¿A cuánto ascienden las sanciones impuestas por este tema?
En el primer semestre de este año hemos impuesto sanciones por $3.500 millon que corresponden a información y publicidad engañosa. En 2013 esa cifra llegó a $5.800 millones.

¿Cuántas investigaciones están en curso y cuándo podría haber nuevas decisiones?
Existen 137 investigaciones administrativas en curso, en diferentes sectores de la economía, en los que se han verificado presuntas infracciones a las normas sobre información y publicidad contenidas en el Estatuto del Consumidor y de las cuales próximamente podremos tener una decisión.

En otros temas, ¿con la recién sancionada Ley de Cámaras de Comercio se garantiza la transparencia en las elecciones de estas entidades?
Sí. Están todos los remedios para garantizar que no volverá a ocurrir lo que ocurrió en las elecciones de algunas cámaras. El antídoto fundamental es la antigüedad, con lo cual es imposible ejercer el derecho político de ir a votar si usted es un empresario, de verdad o de mentira, reciente.

¿Cuáles son los principales cambios con esta legislación?
Se va a necesitar afiliarse y permanecer en la condición como mínimo por dos años, nadie va a poder votar si no tiene, mínimo, cuatro años de antigüedad. Adicionalmente, las juntas van a ser elegidas no para periodos de dos años sino para cuatro.

¿Cuál será el rol de la Superintendencia en esas elecciones?
El proyecto tiene unas nuevas facultades y posibilidades de intervenir, de decretar medidas cautelares, de aplazar elecciones, de exigir claros informes a las cámaras, de ejercer controles.