Agregue a sus temas de interés

Agregue a sus temas de interés Cerrar

  • Colprensa

lunes, 7 de julio de 2014

Durante la semana que pasó las altas cortes de la justicia en Colombia han estuvieron en el ojo del huracán tanto por las explosivas declaraciones del magistrado saliente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, en el sentido de que en las Cortes habría “mermelada”, como por la decisión del Consejo de Estado de tumbar las elecciones de los magistrados Francisco Ricaurte y Alberto Rojas, demandada por tres connotados periodistas. Por su parte, la Corte Constitucional se anotó una jugada taquillera al hundir cuatro jubilaciones millonarias de magistrados auxiliares y advertir a los jueces sobre la obligación de no exceder su tope de $15 millones en las mesadas de los jurisconsultos. En esta entrevista el exmagistrado, José Gregorio Hernández, habla sobre lo que está pasando en la justicia colombiana.

¿Qué explica el desprestigio de la rama jurisdiccional?
Las altas corporaciones de la justicia gozaron hasta hace unos años de un bien ganado prestigio. Las elecciones de magistrados se tramitaban con serenidad y sin intrigas. Con el paso del tiempo, quizá en razón de la trascendencia de los fallos y por las postulaciones y nombramientos que confió a esas instituciones la Carta de 1991 -lo que a su vez se tradujo en adquisición de poder, y en algunos casos de un poder inmenso- sectores políticos y económicos, los gobiernos y hasta las otras Cortes empezaron a ubicar en ellas a defensores de sus intereses, politizando los procesos de elección. Usando un término bursátil, “se cotizó” el cargo de magistrado y cada nueva plaza se convirtió en una especie de trofeo político.

Primaron el ‘todo vale’, las recomendaciones, los respaldos y el cabildeo sobre la preparación, el conocimiento y la hoja de vida limpia. Es urgente recuperar la credibilidad y el prestigio de las altas corporaciones de justicia porque, como dice el evangelio, “¿si la sal se corrompe, con qué se salará?”.

Hace unos días sonaron con contundencia las declaraciones del magistrado saliente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, cuestionando a otros magistrados como Jorge Pretelt y Alberto Rojas, de esa misma Corte. Advirtió sobre el clientelismo y dijo que hay mermelada en las cortes. ¿Hay plata en las cortes?
No me consta y sería irresponsable de mi parte hacer alguna referencia en ese sentido. Lo dicho por el doctor Pinilla tendría que ser comprobado, porque no basta con hacer unas afirmaciones que en un momento dado pudieran constituir faltas disciplinarias o inclusive delitos al interior de las cortes. Los otros magistrados, a su vez, dicen que el doctor Pinilla demoraba los fallos de tutela 4, 5 años, cosa que también es muy grave, o que llegó allí a pensionarse. En ambos casos la opinión necesitaría pruebas al canto. Lo que sí le puedo decir es que nunca se había visto a una rama judicial tan postrada dentro de la opinión pública.

¿A las altas cortes quién las ronda?
Los magistrados tienen fuero constitucional y no pueden ser investigados sino por la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que presenta el conjunto probatorio a la Plenaria y esta puede acusar o no, ante el Senado. Pero la Comisión de Acusaciones se ha convertido en un sistema de impunidad que no llega jamás a ninguna parte en procesos de presidentes de la república, o magistrados. El nuevo Congreso debe ponerla a funcionar adecuadamente o suprimirla, que es lo que seguramente propondrá el gobierno en el proyecto de reforma a la administración de justicia anunciada. Sería sano que tanto los magistrados, como el Presidente y el Fiscal General fueran juzgados por la Corte Suprema de Justicia o por otro alto tribunal.

En una eventual reforma a la justicia, ¿qué puntos considera más importantes?
No todo necesita reforma y no todo radica en las normas. Necesitamos ocuparnos de las personas que administran justicia porque la mayor parte de las fallas hoy son humanas: falta de preparación, pereza, ausencia de criterio jurídico, politiquería y, en algunos casos, corrupción.

Como lo más importante es garantizarle al ciudadano el acceso efectivo y oportuno a la administración de justicia y la imparcialidad de los fallos, necesitamos un número mayor de jueces que descongestionen los despachos judiciales; un presupuesto mayor para la Rama Judicial; infraestructura adecuada a las responsabilidades de la Justicia; mejor remuneración para jueces, fiscales y empleados judiciales; exigencias superiores en preparación, formación jurídica y ética de los administradores de justicia; despojar a las Cortes de la función electoral; poner requisitos más exigentes para la magistratura y la judicatura; determinar sanciones para jueces que no respeten los términos; elegir magistrados por concurso de méritos, con puntajes muy exigentes, que otorguen mayor importancia a la hoja de vida, a la trayectoria, a la formación jurídica en la especialidad y a la pulcritud demostrada en cargos anteriores; hacer públicas las sesiones de postulación y elección; proscribir la exigencia a los candidatos a los cargos, de hacer lobby ante sus electores; asignar obligatoriamente los puestos en estricto orden de los puntajes obtenidos y adjudicar puntos negativos a quienes lleven recomendaciones políticas.

LA REPÚBLICA +

Registrándose puede personalizar sus contenidos, administrar sus temas de interés, programar sus notificaciones y acceder a la portada en la versión digital.