Escándalo enfrenta a Supersalud y a Salud Andina EPS

El Juzgado 3 Penal del Circuito de Barranquilla, con funciones de control de garantías, confirmó la sanción por desacato contra el superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, por el incumplimiento de la tutela que le ordenó habilitar a Salud Andina como EPS.

El fallo del 13 de enero pasado pone de presente que el supersalud debía habilitar a la EPS en un plazo que venció el 9 de enero. Según el abogado de Salud Andina, Abelardo de la Espriella, el funcionario será denunciado además por los delitos de prevaricato y fraude a resolución judicial, y se interpondrá una queja disciplinaria ante la Procuraduría. Todo lo anterior implicaría que el funcionario debía pasar tres días en la cárcel.

De acuerdo con la Superintendencia y, aunque el funcionario no quiso dar declaraciones, en una comunicación con LR la entidad dijo que cuenta con 10 días para responder sobre este aspecto y solamente hasta el 3 de febrero tuvo conocimiento sobre el fallo.

Los socios de la EPS han sido señalados por presuntos nexos con grupos paramilitares del Caribe. No obstante, de acuerdo a la tutela, la actuación buscaba “salvaguardar los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre de quienes fungen como socios de la empresa”, estos fueron “falsos cuestionamientos” que se hicieron “sin tener pruebas de ello, diferentes a simples rumores y sin que ni siquiera exista una investigación preliminar”.

Por estos señalamientos, el exsuperintendente Gustavo Morales rechazó la solicitud presentada por Salud Andina, lo que originó el pleito judicial.

El Superintendente tendrá que de dirimir los conflictos que continúan por cuenta de las deudas de las EPS con los hospitales que suman más de $4 billones y que aún no se resuelven y agravan la crisis del sector en el país.