Estado podría terminar pagando por los afectados de Interbolsa

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación formal contra el superintendente Financiero, Gerardo Hernández, por su presunta participación el descalabro de la firma Interbolsa.

La investigación también cobija a seis superintendentes delegados entre ellos los encargados de las dependencias de valores; riesgos, conductas y mercados, quienes al parecer fueron alertados en octubre de 2011 sobre las serias irregularidades de Interbolsa en la intermediación del mercado.

Y es que según pudo establecer el órgano de control, el Gobierno Nacional omitió su labor de adelantar acciones contundentes para frenar los actos ilícitos cometidos al parecer por la Junta Directiva de la comisionista.

Al respecto, explica que fue solo hasta que la firma incumpliera con el pago de $20.000 millones al banco BBVA que se iniciaron acciones para frenar la sobre valoración de las acciones de la empresa.

El Ministerio Público, instó a los funcionarios para que en los próximos días rindan su propia versión juramentada.

Por su parte, la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante comunicado, confirmó la notificación formal de siete funcionarios por parte de la Procuraduría General de la Nación, sobre la apertura de una investigación disciplinaria con ocasión de los hechos presentados a raíz de la toma de posesión de la Sociedad Comisionista de Bolsa Interbolsa S.A.

“Esta Superintendencia respeta esta decisión y continuará prestando toda su colaboración y disposición al organismo de control para esclarecer los hechos que son motivo de investigación”, dice el documento.

Pero aquí no termina el problema, pues analistas y expertos han coincidido en afirmar, que este descalabro podría ser asumido directamente por el Estado, ya que si se logra comprobar que no se prestó el acompañamiento necesario para evitar dichas consecuencias económicas, las entidades estarían involucradas.

Además de una posible destitución e inhabilidad para el funcionario investigado, hay que tener en cuenta, que en caso de ser condenado por la Procuraduría General de la Nación, en el entendido que falló la vigilancia estatal, la Nación podría terminar pagando por los afectados de Interbolsa.

Al respecto, los juristas manifiestan que este tipo de situaciones generaría una desconfianza en las instituciones y el caso pasaría a mayores, pues se trata de muchos afectados, además de la imagen internacional de la comisionista y los perjuicios económicos.

Rebajan inhabilidad a Abadía
En fallo de segunda instancia, la Procuraduría confirmó la responsabilidad disciplinaria de Juan Carlos Abadía Campo y Héctor Fabio Useche de la Cruz, en sus condiciones de gobernador y secretario de Salud del Valle del Cauca para la fecha de los hechos, respectivamente. Sin embargo rebajó la sanción a 10 años. Esto por irregularidades en lun contrato firmado en julio de 2009 con “Eduardo Bolaños IPS Ltda.”, por haberse suscrito de forma directa cuando era necesario agotarse el procedimiento de la selección abreviada de prestación de servicios.