Exjefes de Estado advirtieron que condena de Uribe atenta contra derechos humanos
Un grupo de 28 exjefes de Estado y de Gobierno de 16 países dirigió una carta a altos representantes internacionales de derechos humanos
01 de agosto de 2025
Un grupo de 28 exjefes de Estado y de Gobierno de 16 países dirigió una carta a altos representantes internacionales de derechos humanos. Advirtieron que el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez podría consolidar una "terrible injusticia", sentando un precedente que vulneraría el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
La misiva solicita intervención urgente ante lo que describen como vulneraciones al debido proceso en el caso judicial contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Fundamentan su petición en seis anomalías procesales documentadas: interceptación ilegal de más de 21.000 comunicaciones privadas sin autorización judicial; filtraciones masivas de piezas reservadas a medios; sustentación en testimonios de testigos con credibilidad cuestionada; presuntas violaciones al derecho de defensa; cambio abrupto en la posición de la Fiscalía que inicialmente pidió archivar el caso dos veces; y emisión de sentencia condenatoria pese a solicitud de absolución de la Procuraduría General.
Los exmandatarios solicitan específicamente: activación de monitoreo internacional del proceso, medidas de protección para Uribe Vélez, emisión de recomendaciones urgentes y requerimiento formal al Estado colombiano sobre los estándares procesales aplicados. Argumentan que las irregularidades afectarían el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana.
Entre los firmantes figuran expresidentes como Mauricio Macri (Argentina), Felipe Calderón (México), José María Aznar (España), Iván Duque (Colombia) y Óscar Arias (Costa Rica). La carta aclara que su objetivo no es presionar a la justicia colombiana, sino alertar sobre un "patrón histórico estructural" que podría sentar precedentes negativos para el sistema interamericano de derechos humanos.
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