Exmagistrado Marco Velilla señala irregularidades en el uso de decretos de emergencia
El jurista cuestiona la coherencia de las medidas cautelares del Consejo de Estado y solicita recordar la separación de poderes a la ley
18 de febrero de 2026
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El exmagistrado del Consejo de Estado y exconsejero presidencial, Marco Antonio Velilla Moreno, emitió un pronunciamiento técnico sobre la situación actual del Estado de derecho en el país. Su análisis se centra en el uso recurrente de los decretos de emergencia por parte del Gobierno Nacional como mecanismo para legislar sin la intervención del Congreso de la República.
Según Velilla, esta práctica sustituye la deliberación legislativa por medidas excepcionales, lo que impacta directamente en el principio de separación de poderes establecido en la Constitución.
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El jurista analizó específicamente el Decreto 1469 de 2025 relativo al concepto de "salario vital". En su evaluación, este acto administrativo subordina los criterios vinculantes de la Ley 278 de 1996 a una categoría que no está autorizada por la normativa legal vigente. Velilla sostiene que dicha determinación configura una falsa motivación, vicio que afecta la validez jurídica del acto y la sumisión del poder ejecutivo al marco legal establecido.
Respecto a la actuación del Consejo de Estado, el exmagistrado señaló una contradicción técnica en la providencia emitida sobre este decreto. El tribunal calificó la motivación del gobierno como extensa y suficiente, pero simultáneamente ordenó la suspensión del decreto mediante una medida cautelar. Para Velilla, resulta paradójico que un acto considerado jurídicamente robusto sea objeto de una suspensión que presupone su ilegalidad.
La crítica se extiende a los efectos de dicha suspensión, la cual fue ordenada de manera diferida. Esto permite que el decreto continúe produciendo efectos jurídicos y que los pagos realizados bajo su vigencia se declaren irreversibles.
Además, el análisis jurídico indica que esta modalidad de justicia cautelar termina consolidando los efectos del acto que pretendía neutralizar, perpetuando así la situación de antijuridicidad que se buscaba corregir.
El pronunciamiento advierte que la orden dictada al gobierno resulta de imposible cumplimiento por razones lógicas y matemáticas. Velilla Moreno concluyó su intervención con un llamado a la sociedad, los gremios y las instituciones para que la administración pública se ciña estrictamente a las reglas claras de la Constitución.
El objetivo de este exhorto es preservar la institucionalidad y garantizar que las decisiones gubernamentales se mantengan dentro de los límites de la ley.
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