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  • Andrea del Pilar Mancera

lunes, 27 de mayo de 2013

Luego de la imputación de cargos de responsabilidad fiscal por $12.723 millones que la Contraloría General de la República realizó contra los exministros de Agricultura, Andrés Felipe Arías y Andrés Fernández Acosta, y los exviceministros Juan Camilo Salazar y Fernando Arbeláez Soto, se debe proceder a la defensa de los implicados y la presentación de las pruebas correspondientes.

Esto debe realizarse en un lapso de diez días hábiles, con el fin de que los investigados puedan demostrar que son inocentes de cualquier responsabilidad fiscal de la que se les acusa, en el caso de Agro Ingreso Seguro.
 
Este es un juicio fiscal que busca recuperar dinero que presuntamente se le quitó al Estado, por lo tanto, este proceso es diferente al penal.
 
Según el abogado penalista, Francisco Bernate, se busca que la Nación recupere el dinero que pudo haber perdido en la implementación del programa Agro Ingreso Seguro.
 
Ahora lo que queda es que después de la presentación de su defensa, los involucrados deben esperar a que se analicen las pruebas y ahí se procede a dictar una decisión final.
 
Si los implicados son declarados responsables fiscalmente del detrimento causado al Estado, deberán responder con su propio patrimonio. En la etapa de pruebas es posible que se bloqueen las cuentas de los investigados, y por lo tanto, no puedan realizar ninguna transacción que pueda afectar el debido proceso.
 
Otros investigados

El proceso involucra al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura -IICA- y el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario -Finagro- por la pérdida de recursos del Programa Agro Ingreso Seguro -AIS- y la gestión ineficiente y antieconómica en actividades de divulgación y socialización del mismo. La imputación de cargos en este proceso de responsabilidad fiscal fue hecha por la contralora Intersectorial Anticorrupción, Lina María Tamayo.

La funcionaria consideró que en este caso se evidencia una gestión fiscal inoportuna e ineficaz por la pérdida de recursos del Programa AIS en gastos distintos a difusión, divulgación y socialización de ciencia y tecnología- Convenios 078 de 2006, 003 de 2007, 018 de 2008 y 037 de 2009 suscritos con IICA. Se evidenció que se contrataron pautas radiales en diferentes cadenas, en revistas de amplia circulación, mensajes de texto a operadores de teléfono celular; se pagaron gastos de viaje y tiquetes aéreos para divulgación de programa AIS, Stand en ferias, pendones y volantes de AIS, entre otros. Se consideró también que hay gestión fiscal inoportuna e ineficaz por la pérdida de recursos, por gastos distintos a los destinados para la administración de recursos para la ejecución, implementación y otorgamiento de los distintos apoyos, incentivos y demás instrumentos que integran el programa “Agro Ingreso Seguro-AIS. (créditos al sector Agropecuario)- Convenio 040 de 2010 suscrito con Finagro.

En este caso, se contrataron y pagaron entre otros: diseño, programación, implementación, mantenimiento y actualización del programa AIS; pendones y pasacalles de diferentes tamaños para promocionar el programa AIS; servicios de monitoreo a medios masivos de comunicación; camisetas de AIS; Pocillos de AIS. La Contraloría imputó cargos de responsabilidad fiscal a 12 personas naturales y jurídicas.

Se investiga al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA- Organismo especializado interamericano, Convenios .078 de 2006, 003 de 2007, 018 de 2008 y 037 de 2009. Se establece responsabilidad solidaria a título de culpa grave, por $11.120.124.691. Así mismo, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario-Finagro, convenio 040 de 2010, por el mismo ítem anterior por $1.603.587.735. Los miembros del Comité Administrativo son responsables por la aprobación de plan operativo de los convenios y la suscripción de actas de comité que aprueban objetos contractuales distintos a la finalidad de los convenios.

Son ocho personas naturales en total, por responsabilidad Solidaria a título de culpa grave.

Andrés Felipe Arias
El exministro de Agricultura y Desarrollo Rural que se encuentra privado de su libertad en la actualidad, fue imputado, por la suscripción y ejecución de los Convenios Nº 078 de 2006, 003 de 2007, 018 de 2008 (IICA). Responsabilidad fiscal Solidaria a título de culpa grave, por $10.142.904.375. Su solicitud de libertad ha sido negada varias veces.

Andrés Darío Fernández Acosta
El exministro de Agricultura, involucrado por los convenios 0037 de 2009 (IICA) y 040 del 14 de enero de 2010 (Finagro), con responsabilidad solidaria a título de culpa grave por valor de $2.580.808.051. Se estableció civilmente responsables a La Previsora Compañía de Seguros, Suramericana de Seguros, Mafre Seguros y Seguros del Estado.

Fernando Arbeláez Soto
Los miembros del Comité Administrativo son responsables por la aprobación de plan operativo de los convenios y la suscripción de actas de comité que aprueban objetos contractuales distintos a la finalidad de los convenios. El exviceministro de Agricultura está involucrado por una suma de $5.806.724.012. Ha sido investigado en el proceso.

Juan Camilo Salazar Rueda
El exviceministro enfrenta un valor de $6.916.988.414. También se involucra a Camila Reyes, directora de Comercio y Financiamiento con $1.653.474.627; Carolina Camacho, directora de Política Sectorial por $5.663.497.366; Mario Soto, director de Comercio por $6.916.988.414; Marcela Urueña, directora de Desarrollo con $257.624.784.

La opinión

Francisco Bernate
Abogado penalista

Lo que sigue ahora en este tipo de procesos, es que superado esto, los implicados deberán realizar su defensa y presentar sus pruebas con el fin de seguir con la legalidad del caso en específico.

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