Exsecretariado de las Farc aceptó ante la JEP el reclutamiento de 18.000 menores

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Siete exintegrantes del último secretariado de las antiguas Farc enviaron una comunicación oficial a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en la que asumen su responsabilidad por el reclutamiento de 18.677 menores de edad durante el conflicto armado.

El documento, firmado el 27 de enero de 2026, representa el reconocimiento formal de estas conductas tras la imputación realizada por el tribunal en noviembre de 2024 dentro del caso 07. La aceptación de cargos incluye patrones criminales identificados por la magistratura, tales como la utilización de niños menores de 15 años, torturas, homicidios y diversas formas de violencia sexual y reproductiva.

Según los datos de la justicia transicional, el 30 % de las víctimas tenían menos de 15 años al momento de su incorporación y un 28 % de la cifra total de menores reclutados se encuentran actualmente en condición de desaparecidos.

Los firmantes del documento, entre quienes figuran Rodrigo Londoño, Pastor Alape y Pablo Catatumbo, indicaron que este reconocimiento anula cualquier postura previa que cuestionara la existencia de estos delitos. Los exjefes guerrilleros manifestaron que su declaración busca cumplir con los compromisos de verdad y responsabilidad adquiridos tras la firma del Acuerdo de Paz, asumiendo su rol como partícipes determinantes en estas prácticas.

A pesar de la aceptación de los hechos, el secretariado expresó observaciones técnicas sobre la distinción jurídica entre los patrones de violencia sexual y violencia basada en el prejuicio. Sin embargo, aclararon que estos reparos no significan un desconocimiento de la ocurrencia de los abusos ni condicionan su responsabilidad frente a los crímenes cometidos contra la infancia y la adolescencia en sus filas.

Finalmente, los exdirigentes se pusieron a disposición de la JEP para resolver inquietudes de las víctimas y las organizaciones sociales. El proceso judicial continuará con el fin de precisar aspectos relevantes de estas conductas y avanzar en las sanciones correspondientes, enfocándose en la celeridad que demanda la sociedad y en el esclarecimiento del paradero de los menores desaparecidos.