Juliana Ramírez Prado - jramirez@larepublica.com.co Miércoles, 8 de julio de 2015

Pese a que Ricardo Bolaños, representante legal de la Fundación Universitaria San Martín, es consciente de que esta es una orden judicial que salió la semana pasada  y debe cumplirse, aseguró que “estamos en un dilema porque esto nos tiene parados en la apertura de los programas a distancia  de Palmira y Puerto Colombia ya que estaríamos vulnerando la ley  que indica que tenemos que utilizar los recursos para garantizar la  educación de estudiantes matriculados actualmente y no para pagar obligaciones atrasadas”.

Este proceso judicial inició hace dos años, cuando los empleados que pertenecían la sindicato (Sinaltrafusm) fueron despedidos, por lo que interpusieron una tutela alegando persecución sindical. “Cuando la acción en 2013 que ordenó el reintegro no se cumplió, abrimos un incidente de desacató y la reintegración se dio a mediados de 2014. Aquí se ordena normalizar el pago a los trabajadores pero una vez llega la nueva administración empiezan a llamar a personal diferente al sindicalizado y al amparado por la orden de tutela y  tuvimos que redimir la acción  que no es contra los actuales administradores, sino contra la persona jurídica que es la institución”, manifestó  Ricardo Mejía,  presidente de Sinaltrafusm. Inicialmente la tutela ordenó el reintegro de 36 personas y actualmente se dictaminó el de 19 personas ya que el resto han renunciado a la acción. 

Bolaños aclaró que si bien hace poco se dijo  que la Fusm estaba llegando a 100% del total de aperturas de programas esto no es equivalente al nivel de estudiantes, pues antes se tenían 21.000  y ahora se tienen cerca de 8.000 alumnos.

“En la medida que nosotros podamos fortalecer el derecho a la educación y tener estudiantes, ¿de dónde nos salen los recursos para pagar a los trabajadores acorde a lo que se necesita?”, puntualizó Bolaños.

Al respecto, Mejía indicó que “no queremos violar el derecho fundamental a la educación pero tampoco permitiremos que se nos viole el derecho al trabajo”.

Embargo a sedes
Esta semana la Fiscalía  embargó cerca de ocho bienes de la familia Alvear avaluados en $40.000 millones. Mediante enrequecimiento ilícito el ente investigador buscaría la extinción de dominio. “La Fundación no tiene bienes a su nombre, pues estos fueron transferidos a las empresas de la familia Alvear. con esta nueva medida, La Fiscalía nos podría entregar los bienes en custodia para efectos de  utilizarlos para el ejercicio de la Fusm”, dijo Bolaños.