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jueves, 6 de junio de 2019

Sobre Pico reposa, no solo investigación penal, sino también disciplinaria. En mayo pasado la Procuraduría le formuló cargos

El exasesor del despacho del ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Luis Miguel Pico, aceptó el pasado 21 de mayo el delito que le imputó la Fiscalía de cohecho por el contrato de estabilidad jurídica que supuestamente benefició a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.

La diligencia que se llevó a cabo en el Complejo Judicial de Paloquemao fue conocida por el juez 49 de control de garantías, quien consideró que no debía decretar medida de aseguramiento en su contra.

Información de la Fiscalía da cuenta que Pico, al parecer, tuvo vínculo con un contrato, suscrito el 31 de diciembre de 2012 entre la Nación-Ministerio de Transporte y la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., cuyo objetivo era la garantía por parte de la Nación de que al inversionista, en este caso la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, se le continuaría aplicando la normatividad vigente en materia de impuesto al patrimonio, al momento de la suscripción del contrato, en caso de que aquél sufriera modificaciones en el futuro.

Sobre Pico, reposa no solo investigación penal sino también disciplinaria. En mayo pasado la Procuraduría General de la Nación le formuló pliego de cargos por presuntas irregularidades en la firma de un contrato de estabilidad jurídica que benefició a la concesionaria Ruta del Sol S.A.S.

Pico Pastrana estuvo en el cargo entre agosto de 2010 y septiembre de 2013, tiempo en el cual habría realizado gestiones que permitieron la firma del contrato entre la concesionaria y el Ministerio de Transporte, para amparar el proyecto vial Ruta del Sol, por las que habría recibido, presuntamente, pagos ilegales por 100 millones entre 2013 y 2014.

“El documento, firmado el 31 de diciembre de 2012, permitió la estabilización de algunas normas que beneficiaron, aparentemente, a la concesionaria, para no ser afectada por un cambio legislativo que pudiera hacer más onerosos sus activos en materia tributaria, razón por la que el exfuncionario habría incurrido en un aparente interés ilícito en la celebración de contratos”, explicó la entidad.