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Judicial

La familia Carrizosa pagará US$2,8 millones tras conocerse el laudo a favor del Estado

La Agencia Nacional de Defensa del Estado celebró que la nación ha salido ganadora tras dos jornadas legales contra la familia Carrizosa

08 de mayo de 2021

Cristian Acosta Argote

cacosta@larepublica.com.co

Canal de noticias de Asuntos Legales

Dos semanas después de que se conociera el primer fallo por parte del Tribunal Arbitral Internacional a favor de Colombia en el caso del banco Granahorrar, ayer se dio una nueva decisión que favorece de nuevo al país en este proceso.

En este nuevo fallo, el Tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (CPA) determinó que en esta demanda presentada por los hermanos Alberto, Felipe y Enrique Carrizosa Gelzis no tenía competencia para revisar las reclamaciones de los Carrizosa tras analizar los requisitos que consagra el Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos de América.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) celebró que tras salir airosos de estas dos jornadas de litigio, el Estado recuperará US$2,8 millones, pues en la primera demanda que interpuso Astrida Benita Carrizosa, se le ordenó pagar los costos de arbitraje y los gastos de defensa en los que incurrió el país, suma que asciende a US$1 millón; mientras que en esta segunda demanda los hermanos Carrizosa también deberán cubrir los gastos del Estado en este pleito, una suma que asciende a US$1,8 millones.

Uno de los argumentos emitidos por la Andje fue que los demandantes habían presentado su nacionalidad estadounidense y basaban su demanda con los derechos otorgados por el país americano. “El Tribunal dejó claro que, para las fechas críticas de la controversia, los tres hermanos se encontraban residiendo en Colombia. Finalmente, el Tribunal determinó que Bogotá es el lugar donde se concentra la vida familiar y social de los tres demandantes”, afirmó la Andje sobre el caso.

En esta segunda demanda los hermanos Carrizosa cuestionaban las medidas regulatorias de la Superintendencia Bancaria y de Fogafin ejecutadas en 1998, pues ese año el Gobierno ordenó la capitalización de Granahorrar y redujo el valor de las acciones de la entidad. Adicionalmente, cuestionaron las decisiones de la Corte Constitucional en 2011 y 2014 con relación al caso.
Con esta nueva decisión del Tribunal las pretensiones de la parte demandante no pueden ser escuchadas por otro tribunal. La defensa del Estado estuvo a cargo de la Andje y de la firma internacional Arnild & Porter.

Reacción de los Carrizosa

Tras conocer el fallo, la familia Carrizosa anunció la creación de la Iniciativa para la Protección de los Derechos de Propiedad y el Estado de Derecho, con la cual se buscará “garantizar la protección efectiva de los derechos de propiedad privada, las inversiones y el cumplimiento de los contratos en un entorno de seguridad jurídica y estabilidad normativa, a través de estudios y recomendaciones de política pública”. La iniciativa se crea en asocio con el Instituto de Ciencia Política.

LOS CONTRASTES

  • Enrique CarrizosaAntiguo Accionista del Banco Granahorrar

    “Es el momento de mirar adelante. Este programa será nuestra contribución a un país en el que creemos y resulta fundamental garantizar la protección efectiva de los derechos de propiedad privada”.

“Este programa será nuestra contribución a un país en el que creemos y en el que resulta fundamental garantizar la protección efectiva de los derechos de propiedad privada y las inversiones en un entorno de seguridad jurídica”, dijo Enrique Carrizosa, vocero de la familia.

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