Firmantes de paz reclamaron al Gobierno mayores garantías de seguridad ante la JEP

Los firmantes del Acuerdo de Paz, encabezados por Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, y Rodrigo Granda, solicitaron a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, presidida por Danilo Rojas, exigir respuestas al Gobierno nacional sobre las medidas de protección para los excombatientes, ante la persistencia de asesinatos, amenazas y desplazamientos.

Durante una audiencia nacional de seguimiento a las medidas cautelares, Londoño advirtió que, a casi diez años de la firma del Acuerdo, continúan los hechos de violencia contra quienes abandonaron las armas y persisten dificultades en la implementación de las garantías de seguridad.

“No nos mataron en la guerra y construyendo la paz nos están matando”, afirmó el excomandante, quien también pidió al Estado respetar la decisión de los firmantes de participar en el proceso de paz.

Entre las solicitudes, pidió que la Unidad Especial de Investigación entregue, en un plazo de 60 días, un informe sobre los avances para identificar a los autores intelectuales de los crímenes. Según las cifras presentadas por Londoño, de 427 casos de homicidio, tentativa de homicidio y desaparición forzada, únicamente 63 habían terminado en sentencias condenatorias.

Asimismo, señaló que, aunque los homicidios disminuyeron durante 2026, las tentativas aumentaron 75%. Por esta razón, solicitó al Ministerio de Defensa explicar cómo garantizará la seguridad de los firmantes que permanecen en los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, ETCR, y en las nuevas áreas de reincorporación.

También pidió al Ministerio del Interior y a la Unidad de Implementación del Acuerdo presentar medidas contra la estigmatización, mientras que a la Unidad Nacional de Protección, UNP, le solicitó información sobre las solicitudes de protección pendientes.

Por su parte, Rodrigo Granda cuestionó que la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo, Csivi, no haya sido convocada y advirtió que otras instancias de seguridad tampoco han sesionado durante el actual Gobierno.

Según explicó, con corte al 3 de noviembre de 2026, únicamente cuatro municipios habían reportado la adopción del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, mientras que ninguna gobernación había acreditado su implementación.

En ese sentido, pidió que el próximo Plan Nacional de Desarrollo incluya objetivos, metas y recursos destinados a fortalecer la seguridad y reincorporación de los excombatientes.

A su turno, Diana María Viloria, delegada del partido Comunes ante el Consejo Nacional de Reincorporación, señaló que 516 firmantes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo, de los cuales 13 corresponden a 2026. Además, indicó que la Fiscalía General de la Nación registra más de 1.940 amenazas, al menos 201 dirigidas contra mujeres.

Viloria también advirtió que, a septiembre de 2026, los programas de reincorporación integral registraban un cumplimiento de 15,4%, mientras que 74,4% de las acciones no habían comenzado. Agregó que 83,2% de los firmantes reside fuera de los antiguos ETCR, donde la presencia institucional es limitada.

Finalmente, solicitó que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, y otras entidades informen en un plazo de 15 días cuándo convocarán las instancias de reincorporación. También pidió al Gobierno nacional explicar, antes del primero de diciembre, cómo garantizará la continuidad de los programas y las asignaciones mensuales durante 2027.