Firmantes del Acuerdo de Paz piden a De la Espriella definir futuro de la implementación

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Los firmantes del Acuerdo Final de Paz de 2016 presentaron un derecho de petición ante el presidente Abelardo de la Espriella y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, con el propósito de conocer las decisiones que adoptará el nuevo Gobierno frente a la implementación de lo pactado con el grupo armado Farc y el funcionamiento de las instituciones creadas tras el acuerdo, como la JEP.

El documento fue suscrito por Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Julián Gallo, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda y Jaime Alberto Parra, quienes solicitaron información oficial sobre las medidas que se pondrán en marcha durante el periodo presidencial 2026 - 2030. Dicha petición parte de anuncios realizados por De la Espriella antes de asumir el cargo, entre ellos la eliminación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y una reorganización de la estructura de la Presidencia.

Entre los principales interrogantes está el futuro de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, frente a la cual los firmantes preguntaron si será mantenida, fortalecida, reestructurada, trasladada, fusionada o suprimida. También solicitaron conocer la entidad que tendrá a cargo la coordinación de la implementación, sus recursos, funciones y el nivel jerárquico que esta tendría.

El derecho de petición también plantea preguntas sobre la reincorporación de los firmantes, la protección de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, Etcr, la seguridad de los excombatientes y la continuidad de entidades como la Agencia Nacional para la Reincorporación y la Normalización, ARN, la Unidad Nacional de Protección, UNP, y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

Uno de los puntos centrales está relacionado con la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Los firmantes preguntaron si el Gobierno tiene previsto presentar proyectos de ley, actos legislativos, decretos u otras iniciativas para modificar su estructura, competencias, duración, autonomía administrativa, técnica o presupuestal. En caso de existir estas iniciativas, pidieron que sean entregados los estudios y conceptos que las sustenten.

Finalmente, solicitaron información sobre los recursos destinados a la implementación del Acuerdo, la participación del Gobierno en los mecanismos de seguimiento como la Csivi y la articulación con organismos internacionales, además de los respectivos documentos y decisiones producidos durante el proceso de empalme entre los gobiernos saliente y entrante.