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Juan Francisco Campuzano Vélez - jcampuzano@larepublica.com.co viernes, 30 de abril de 2021

El fiscal da cinco argumentos por los que no accede a la petición de Fajardo de convocar comité para revisar fundamentos de cargos

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, le respondió al candidato presidencial y exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, que no es posible realizar un comité técnico-jurídico para que sean evaluados los fundamentos de la imputación de cargos en su contra.

La carta de tres páginas refleja la negativa a la solicitud interpuesta hace dos semanas por el abogado de Fajardo, Mauricio Pava, de solicitar una revisión y evaluación de la idoneidad de los cargos que implican a el candidato en delitos de peculado a favor de terceros agravado y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales; el eventual comité revisaría también el posible retiro de los cargos.

“La convocatoria de comités técnicos jurídicos es una facultad discrecional, en este caso, del fiscal general de la Nación, que se ejerce como instrumento interno de evaluación y seguimiento de ciertas investigaciones; tiene lugar por iniciativa de determinados funcionarios de la entidad y no mediante solicitudes de partes intervinientes, si bien estas pueden, en ejercicio del derecho fundamental de petición, solicitar que se estudió la viabilidad de conformarnos”, reza la carta.

“Por lo mismo, no es un escenario para el ejercicio del derecho de defensa técnica inmaterial, ni para controvertir el fundamento jurídico probatorio de la investigación y o de las decisiones que se tomen dentro de ella; Se ejerce, en virtud de los principios de unidad de gestión y jerarquía, siempre que, de acuerdo con el avance del caso, surjan problemas jurídicos de gran entidad, cerca de la legalidad sustantiva y probatoria de la actuación, de lo cual se desprende que se trata de una herramienta de uso excepcional; por todo lo anterior no existe un derecho de las partes intervinientes, ni de terceros con interés u otras personas, a la convocatoria de comités técnicos y jurídicos en la Fiscalía General de la nación ”, sentenció Barbosa.

La investigación tiene que ver con presuntas irregularidades encontradas en un contrato suscrito entre el departamento de Antioquia y el banco Corpbanca S.A., durante su gestión al frente del departamento el 5 de diciembre de 2013.

Fajardo fue el ordenador del gasto, firmó el contrato y el pagaré que garantizaba el empréstito que terminó ocasionando un presunto detrimento al departamento, explicó la Fiscalía.

"Del mismo modo, tenía responsabilidad y posición de garante en las decisiones administrativas relacionadas con este contrato. Dicho contrato implicó el desembolso de US$77 millones para realizar sustitución de deudas con otros bancos", agregó el organismo.

La obligación contraída se tradujo en un presunto detrimento fiscal de 320.000 millones de pesos, pues cuando se formalizó el contrato, un dólar costaba $1.926, pero en 2015 costaba $3.140. Ese déficit obligó a que la deuda del departamento de Antioquia se doblara de $600.000 millones a $1,2 billones.

El ente acusador aseguró que los análisis técnicos, financieros y jurídicos evidenciaron la ausencia de un estudio acerca de la necesidad de suscribir el contrato, así como falta de planeación que diera cuenta de la volatilidad de la divisa. Adicionalmente, no se habría blindado la contratación a través de un seguro de riesgo cambiario.

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