Fiscalía citó a indagatoria al expresidente Uribe por masacres de Antioquia

La Fiscalía General de la Nación programó para el próximo 24 de julio la diligencia de indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Esta citación se enmarca en la investigación penal por las masacres de El Aro y La Granja, perpetradas en el departamento de Antioquia entre 1996 y 1997, así como por el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Los hechos bajo investigación ocurrieron durante el período en que el exmandatario se desempeñaba como gobernador de dicha región.

Tras la notificación de la fecha, el expresidente Uribe comunicó su postura formal a través de la red social X. El exjefe de Estado señaló que la determinación de la Fiscalía responde a una motivación política y carece de sustento probatorio. Además, afirmó que la citación busca privarlo de la libertad antes de que concluya el actual periodo presidencial de Gustavo Petro.

En sus declaraciones públicas, el exmandatario también argumentó que el ente acusador tomó la decisión de convocarlo a indagatoria sin haber evacuado previamente las pruebas que la misma institución había decretado. El investigado comparó este procedimiento con las actuaciones previas del magistrado César Reyes en su contra, calificando la situación como una vulneración a sus garantías procesales.

La defensa técnica del expresidente, liderada por el abogado Jaime Granados, respaldó los señalamientos de su cliente y calificó la medida de irregular. El apoderado judicial manifestó que genera extrañeza que se fije la fecha para la diligencia penal sin que se hayan agotado los elementos probatorios solicitados por la defensa, los cuales ya habían sido aceptados y prorrogados por el propio organismo de investigación.

Por su parte, la representación legal de las víctimas, a cargo del abogado Miguel Ángel del Río, manifestó conformidad con la decisión adoptada por la Fiscalía Tercera delegada ante la Corte.

El jurista argumentó que el llamado a indagatoria representa un avance institucional frente a reclamos históricos de la población civil y sostuvo que el expediente judicial contiene los elementos necesarios para sustentar la vinculación formal del expresidente al caso.