Fiscalía imputó a exsecretario general de la Cancillería por caso de pasaportes

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, por los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en el proceso de contratación para la expedición de pasaportes. El caso está relacionado con la adjudicación del contrato a la firma Thomas Greg & Sons, cuyo valor ascendía a $559.000 millones.

Según la investigación del ente acusador, Salazar habría excedido las funciones de su cargo al revocar la decisión mediante la cual el entonces canciller Álvaro Leyva había declarado desierta la licitación. Posteriormente, el exfuncionario adjudicó el contrato a Thomas Greg & Sons, una actuación que, de acuerdo con la Fiscalía, no estaba dentro de las competencias que tenía asignadas.

La entidad sostuvo que, para la época de los hechos, Salazar ejercía funciones administrativas y de coordinación institucional, por lo que no tenía facultades para reabrir ni adjudicar un proceso contractual que ya había sido cerrado por decisión del jefe de la cartera. La actuación derivó posteriormente en su salida del Gobierno, luego de que el presidente Gustavo Petro lo declarara insubsistente.

Además de los cuestionamientos relacionados con la contratación de los pasaportes, la Fiscalía incluyó en la imputación el delito de enriquecimiento ilícito. De acuerdo con la información recopilada, entre agosto de 2022 y febrero de 2024, periodo en el que se desempeñó como secretario general de la Cancillería, Salazar adquirió un predio rural ubicado en Puerto López, Meta, por un valor cercano a los $950 millones.

Las investigaciones señalan que no se encontraron soportes financieros, transferencias bancarias, créditos o registros patrimoniales que justificaran la compra del inmueble. Por esta razón, la Fiscalía considera que existen elementos suficientes para avanzar en el proceso penal y determinar si los recursos utilizados para la adquisición del predio tienen un origen que pueda ser explicado legalmente.