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viernes, 19 de junio de 2015

Según el comunicado divulgado por el ente investigador las indagaciones se iniciaron por una denuncia del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en la que reveló “hechos relacionados con el trámite de unas acciones judiciales de incidente de desacato y de tutela a través de las cuales se pretende obligar a desembolsar al Distrito multimillonarios recursos públicos por concepto de prestaciones sociales, cuyo pago no se encuentra cobijado por la ley”.

El ente precisó que para realizar las indagaciones preliminares y determinar si se cometió prevaricato por acción se asignó el caso a la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia.

La Fiscalía también busca establecer la posible responsabilidad penal de funcionarios judiciales.

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