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El Colombiano Lunes, 22 de diciembre de 2014

Entre las personas a las cuales se les pedirá perdón público en un acto “in memoriam”, se encuentran Alberto Alfredo Júbiz Hasbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero y sus respectivos grupos familiares. 

La ceremonia, que será presidida por el fiscal General (e), Jorge Fernando Perdomo, y el director de Investigación Criminal e Interpol, general Jorge Enrique Rodríguez Peralta, fue ordenada por el Consejo de Estado con motivo de una demanda interpuesta por el grupo de personas que, según el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, fueron privadas injustamente de su libertad. 

“El Fiscal General de la Nación y el director general de la Policía Nacional realizarán un acto solemne de presentación de excusas públicas in memoriam, a las citadas personas porque con su actuación el Estado transgredió, con ocasión de la privación injusta de la libertad de esas personas, sus derechos a la libertad personal, al debido proceso, a la presunción de inocencia y al buen nombre y a la honra”, sostiene el alto tribunal en su fallo. 

Ya los habían indemnizado 

La decisión del Consejo de Estado que obliga a las autoridades colombianas a realizar el acto simbólico, en el cual reconozcan su error y pidan perdón, se suma a la sentencia de principios de este año proferida por ese mismo tribunal que ordenaba la indemnización de Hasbum, Cepeda y Hernández por $3.000 millones. 

En el fallo, que ordenó la indemnización, los magistrados indicaron que “en este caso se presentó una grave violación a los derechos de buen nombre y honra de las aludidas víctimas, puesto que fue un hecho notorio a nivel nacional que el propio Estado sometiera a tales personas al escarnio público y se empecinara en mostrarlas como los directos responsables del magnicidio”. 

¿Qué sigue? Es delito de lesa humanidad 

Mientras las autoridades judiciales en Colombia adelantan la investigación para tratar de esclarecer los hechos, cabe recordar que el homicidio de Luis Carlos Galán fue declarado en 2009 como delito de lesa humanidad, lo cual quiere decir, en términos jurídicos, que el caso no prescribirá. Además, con la declaratoria, se reconoce el magnicidio del líder liberal como “parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. 

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