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martes, 6 de febrero de 2018

Entre los delitos más cometidos están hurto, tráfico y fabricación o porte de estupefacientes.

El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Néira, llamó la atención del Gobierno Nacional por el incremento en el número de venezolanos capturados en flagrancia en Colombia, el cual ha venido aumentado en los últimos meses de manera considerable.

En carta enviada a la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, el jefe del ente investigador resaltó que entre el primero de enero de 2017 y el 5 de febrero de 2018 han sido capturados 1.869 venezolanos en situación de flagrancia.

Martínez Néira manifestó que las zonas de mayor afectación son el departamento de Norte de Santander, donde se han registrado 6.434 capturas; seguido por Bogotá, con 198; La Guajira, con 148, y Santander, con más de 140 aprehensiones.

El fiscal general explicó en la misiva que “la tendencia de dichas capturas es creciente. Mientras en enero de 2017 se realizaron 78 capturas, en enero de 2018 se efectuaron 256, lo que constituye un incremento del 228 %para periodos comparativos”.

La Fiscalía también reveló que esta tendencia se viene presentando con mayor fuerza desde el pasado mes de agosto, cuando se registraron 120 capturas, en septiembre fueron 141, para octubre 147, en noviembre 155, en diciembre se presentaron 202 y en enero 256 aprehensiones.

Entre los delitos de mayor comisión por parte de los venezolanos se encuentran: hurto (801 capturas), tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (281), lesiones personales (129), contrabando de hidrocarburos (123), porte de armas de fuego (120), entre otros.

El fiscal señaló que las autoridades colombianas han encontrado dificultades para llevar a cabo los procedimientos de aprensión y judicialización de los ciudadanos venezolanos, entre los que resaltó la identificación de los victimarios, ya que “los documentos de identidad expedidos en la frontera no gozan de mecanismos para lograr su plena identificación”.

Además, señaló que la segunda radica en la falta de personal de Migración Colombia en las oficinas regionales, lo que impide llevar a cabo procesos de deportación, en caso de que las causas que los comprometen no den lugar a medidas de aseguramiento, así como la falta de albergues transitorios mientras se surte este trámite administrativo.

“La Fiscalía entiende que frente a los hechos referidos es inaplazable considerar políticas que prevengan que los inmigrantes apelen al delito como una alternativa de vida, de cara al drama humanitario que experimentan y en cuya atención Colombia está comprometida”, explicó Martínez.

Según el fiscal, el informe se presenta para que el Gobierno Nacional “cuente con elementos de juicio suficientes” el próximo jueves cuando se adelante una cumbre gubernamental para analizar la política migratoria con ocasión de la crisis venezolana.

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