Fiscalía archivó investigación, ante la Corte Suprema, de supuestas coimas de Claudia López
El ente de control concluyó que los hechos denunciados en interceptaciones telefónicas carecían de veracidad y sustento probatorio
23 de abril de 2026
La Fiscalía General de la Nación ordenó el archivo del proceso de la investigación adelantada contra la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, ante la Corte Suprema de Justicia. El proceso buscaba establecer la veracidad de presuntas irregularidades y el pago de coimas relacionadas con la licitación y adjudicación de la primera línea del Metro de la capital.
La indagación tuvo su origen en interceptaciones telefónicas realizadas en el marco de un operativo contra el narcotráfico en Yopal, Casanare. En dichos audios, se mencionaban supuestos aportes económicos por parte de ciudadanos extranjeros destinados a la financiación de campañas políticas y a la facilitación de contratos de infraestructura.
Dentro de los elementos analizados, figuraban comunicaciones de marzo de 2022 donde se aludía a una cifra de $12.000 millones. Estas conversaciones sugerían nexos entre funcionarios públicos y contratistas para asegurar la ejecución del proyecto de transporte masivo en la ciudad.
La defensa técnica de la exmandataria solicitó el cierre del caso fundamentándose en la ausencia de pruebas materiales que respaldaran las acusaciones. Los abogados argumentaron que el proceso carecía de sustento fáctico y que las menciones en las grabaciones no correspondían a acciones reales de corrupción.
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Durante el trámite judicial, se recibieron declaraciones de exfuncionarios del Ministerio de Transporte y de ciudadanos vinculados a las empresas contratistas. En estas diligencias, uno de los principales involucrados en las interceptaciones se retractó de sus afirmaciones iniciales, manifestando que los datos suministrados en las llamadas no eran verídicos.
Tras evaluar los testimonios y la evidencia recaudada, el ente acusador concluyó que el hecho denunciado era inexistente. La decisión de archivo se mantendrá vigente a menos que aparezcan nuevos elementos probatorios que justifiquen la reapertura de la acción penal antes de su prescripción.
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