Liz Margarita Matías Peña - mmatias@larepublica.com.co Jueves, 16 de febrero de 2012

La justicia colombiana está `ad portas` de un nuevo escándalo en el sector agropecuario, pero que esta vez involucra a los floricultores del país, quienes por cuenta de los recursos que recibieron hace algún tiempo de parte del Gobierno, ahora tendrán que enfrentar las consecuencias de las presuntas ayudas a campañas políticas, en especial la del ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias en su candidatura presidencial.

En total, se estima que serían $224.000 millones los que estarían `embolatados`, de ahí que la Fiscalía General de la Nación aliste para el próximo 29 de febrero los primeros interrogatorios a 15 funcionarios del Banco Agrario.

Así mismo, próximamente adelantará los respectivos procedimientos a los empresarios directamente involucrados en los hechos. Frente a la situación y lo que podría representar un caso como estos a los floricultores, Julio José Orozco, abogado penalista, señaló que lo más indicado es que los empresarios colaboren no solo con la devolución de los subsidios, sino también con la justicia.

'La vinculación por interrogatorio que le hace la Fiscalía a varios e importantes floricultores puede tener la suerte marcada con lo ya vivido por la familia Dávila, donde el preacuerdo celebrado para la devolución de dineros fue tumbado por un juez', explicó el abogado, quien agregó que en casos como estos no solo vale el reintegro de los recursos, sino el delito en sí.

'Con un fuerte regaño el juez llamó la atención a la Fiscalía, a la que le endilgó estar ofreciendo penas menores sin tener competencia para ello. Con este antecedente, los floricultores tienen que dirigir muy bien su defensa', explicó Orozco.

Dineros que evitarían los despidos Según explicó el presidente del Banco Agrario, Francisco Estupiñán, los subsidios otorgados a los empresarios correspondieron a una línea de crédito creada en 2008, la cual estaba direccionada a apoyar a los exportadores del sector agropecuario, en específico a floricultores y bananeros.

'Los entes de control, en este caso Fiscalía y Contraloría, adelantan investigaciones rutinarias sobre los créditos otorgados, teniendo en cuenta que algunas de las empresas beneficiarias se han siniestrado', señaló el directivo, quien no quiso pronunciarse sobre los requisitos que le exigieron a los floricultores a la hora de entregar los dineros, aspecto clave que determinaría si se hizo algún estudio previo para saber si realmente los necesitaban.

Por su parte, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Rafael Mejía, dijo que los recursos se otorgaron adecuadamente a las empresas, lo que desvirtuaría la acusación de que los dineros se usaron para otros propósitos distintos a los establecidos en la línea de crédito.

'Aún así, pueden existir casos particulares que tendrán que ser debidamente investigados', puntualizó el dirigente gremial.

En términos generales, estos subsidios se crearon en medio de la crisis originada por la revaluación del peso, situación que generó claras dificultades económicas a los subsectores exportadores del agro, lo que también atentó contra la creación y sostenimiento de los puestos de trabajo, una situación grave si se tiene en cuenta que una industria como la de las flores es intensiva en mano de obra.

Según la información presentada por la Fiscalía, los involucrados en este nuevo escándalo serían floricultores de distintas partes del país.

Antecedentes
La línea de crédito que benefició a los floricultores en su momento fue creada en el 2008, año en el que empezó a evidenciarse la revaluación, aspecto que disminuyó radicalmente las ganancias de los empresarios del sector. Ante esta situación, era claro que la sostenibilidad del subsector estaría en entredicho, de ahí que el Gobierno tomara cartas en el asunto e interviniera, pues la primera afectada sería la mano de obra, que para el caso de las flores, es representativa.