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  • Juliana Ramírez Prado

lunes, 16 de noviembre de 2015

Al contenido “el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra este”, se le pretende agregar “la ley podrá establecer los eventos en que la responsabilidad del Estado esté limitada, condicionada o excluida”.

Es decir, se busca regular cuáles son los tipos de daño que merecen indemnización, fijar sus montos, y establecer condiciones. Puntualmente se quiere que la indemnización esté dirigida hacia las víctimas directas cuando se afectar su integridad física y psíquica, y a las indirectas en los eventos de muerte de una persona y de incapacidad total y permanente de la víctima directa. Siendo así, se restringe la posibilidad de reclamar daños para los hermanos, abuelos, suegros y otros familiares. 

El principal argumento de Buenahora es que dichas demandas están desangrando las finanzas públicas. “Tal como están las cosas, los fallos en contra del Estado significan una vena abierta, en detrimento de los recursos públicos, es decir, en perjuicio del dinero que nos pertenece a todos”, dice la ponencia que empezará a debatirse el próximo año ya que la legislatura se culmina el 16 de diciembre. 

De hecho, de acuerdo con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a 30 de septiembre de 2015 el Estado pagó $581.603 millones por concepto de sentencias y conciliaciones y se prevé que al finalizar 2015 pague $884.000 millones.

El informe de 2014 indicaba que en el sistema se encuentran registrados 393.851 procesos activos en contra de la Nación por un valor de $226 billones en pretensiones. Al respecto, Enrique Gil Botero, exmagistrado del Consejo de Estado, expresó que lo que se debe buscar es más bien que el Estado cumpla sus propósitos y deberes porque el problema no son los pagos sino que el Estado no violente los derechos de los ciudadanos. “El que rompe los vidrios los paga y si los vidrios son caros igual se deben pagar. Este intento de Buenahora es de vieja data y en el pasado cuando lo intentó tuvo una gran oposición del Consejo de Estado pues el artículo 90 de la Constitución es un eje fundamental del Estado Social de Derecho y lo que se está buscando es que el Estado no responda por los daños que cause y eso es inadmisible”, precisó Gil Botero.

Lo mismo considera Jorge Arias, doctor en Derecho Constitucional de Universidad Complutense de Madrid y director del Grupo de Investigación Derecho, Sociedad y Estado de la Universidad del Valle, al asegurar que “limitar la posibilidad de demandar al Estado es absurdo y sería un exabrupto pues habría que coartarle los derechos de los ciudadanos y mucho menos se hay que modificar el artículo 90 que es lo más progresista que tiene la Constitución en materia de responsabilidad por parte del Estado y que ha sido una conquista histórica”.

Juan Carlos Cuesta, abogado y director jurídico de Cuesta y Asociados, dijo que de ser aprobado este proyecto se aumentaría la corrupción en Colombia. “El Estado debe responder por sus actos sean de buena o de mala fe, y por ser funcionarios públicos deben cumplir la norma por acción o por omisión o por acción tal como lo exige la ley. Este proyecto fomentaría la irresponsabilidad”.

El abogado Andrés Felipe Quiroga expresó que, “los funcionarios tienen un manual de funciones del que no pueden extralimitarse y en la medida que desborden el manual tienen una responsabilidad, y por lo tanto pienso que no debe haber un cambio en esa política”. 

Antecedentes
El año pasado la Nación logró frenar procesos en su contra por $2,6 billones, sin embargo debió desembolsar una cifra histórica de $1,19 billones. Por otro lado, se lograron desactivar 2.588 procesos con lo que ahorraron condenas por los $2,6 bilones. Así lo dio a conocer un informe de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje) que además mostró que durante el 2014, las demandas contra la Nación llegaron a los 393.851 procesos y cuyas pretensiones superan los $226 billones. Esto significa 18% más que en 2013, cuando el monto llegó a los $191 billones. 

Las Opiniones:
Enrique Gil Botero
Exmagistrado del Consejo de Estado

“Buenahora es de vieja data y en el pasado cuando lo intentó tuvo una gran oposición del Consejo de Estado pues el artículo 90 de la Constitución es un eje fundamental del Estado Social de Derecho”.

Jorge Arias
Dir. Grupo investigación U. Valle 
“Limitar la posibilidad de demandar al Estado es absurdo y sería un exabrupto pues habría que coartarle los derechos de los ciudadanos y mucho menos se hay que modificar el artículo 90”. 

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