El general había sido condenado a una pena de 37 años de prisión por su vinculación a la masacre de Mapiripán, ocurrida en julio de 1997 por las Autodefensas Unidas de Colombia.
Aunque en 2007 el general fue declarado inocente por un juez especializado, la medida fue revocada en 2011 por el Tribunal Superior de Bogotá, que le dictó la sentencia por 40 años, que posteriormente fue rebajada a 37.
Este es el primer general absuelto por la justicia especial, diseñada en los diálogos de paz de La Habana.
Los implicados enfrentan cargos por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público